El Congreso de Estados Unidos debate actualmente un proyecto de ley para gravar con el 5 % a las remesas que envían migrantes desde ese país.
Esta medida excluye a ciudadanos estadounidenses, sin embargo, afecta a residentes permanentes, titulares de visas temporales e inmigrantes indocumentados, lo que genera preocupación para familias tanto en Estados Unidos como en América Latina.
Las remesas “representan entre 6 % y el 23 % de los ingresos de las personas migrantes. Más de la mitad de las personas migrantes indica enviar dinero a la madre y una de cada tres al padre”, calculó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a finales de 2024.
De acuerdo con BBVA Research, estas transferencias de dinero enviadas por personas que trabajan o viven en el extranjero a su país de origen representan el 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe.
Según Corficolombiana, en Colombia se recibieron unos 11.800 millones de dólares en remesas en 2024. Este volumen de recursos forma parte de un crecimiento constante desde 2019.
Por su parte, México– un importante receptor de remesas, principalmente de los migrantes que residen en Estados Unidos – recibió 64.745 millones de dólares en 2024.
De manera similar, el impacto financiero para los receptores de remesas puede ser muy duro para países como El Salvador, Guatemala y Honduras, pues “estas transferencias representan un pilar fundamental del bienestar económico de los países y comunidades de origen”, asegura el Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés).
El impuesto a las remesas podría afectar a EE. UU.
Expertos explican que las remesas generan oportunidades en los países de origen, pero si los hogares ya no se pueden sostener con el dinero recibido y el contexto local no les permite acceder a puestos de trabajo o ingresos para subsistir, es altamente probable que también decidan migrar y unirse a los familiares que ya residen en Estados Unidos.
