Legisladores estatales del estado de Nueva York presentaron un paquete de medidas dirigidas a fortalecer los derechos de la comunidad inmigrante frente a las políticas federales de deportación.
La iniciativa busca frenar la cooperación de los cuerpos policiales locales con las autoridades de migración y garantizar la protección de los residentes en espacios comunitarios esenciales.
Entre las propuestas centrales destaca el avance de la Ley New York for All, la cual prohíbe que las agencias estatales y municipales compartan datos personales de los residentes o destinen recursos locales para apoyar operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta medida complementa la entrada en vigor de la legislación Policías Locales, Delitos Locales, respaldada por la gobernadora Kathy Hochul, la cual veta definitivamente los acuerdos de colaboración tipo 287(g) en la jurisdicción del estado.
La agenda legislativa busca además establecer una red de seguridad jurídica y social para la población indocumentada a través del proyecto Access to Representation Act.
Esta propuesta plantea garantizar representación legal gratuita para las personas que enfrentan procesos de deportación, asegurando el debido proceso dentro de los tribunales estatales y federales de migración.
Asimismo, la normativa refuerza la designación de escuelas públicas, hospitales y juzgados como zonas protegidas, restringiendo el ingreso no autorizado de agentes federales de migración para realizar arrestos en estas instalaciones.
Con estas medidas, los promotores de la ley buscan asegurar que la comunidad acceda a los servicios básicos de salud, educación y justicia sin temor a represalias sobre su estatus migratorio.
