
La defensa legal de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, formalizó una petición clave ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la desestimación total de las acusaciones penales en su contra.
El abogado principal del caso, Barry Pollack, presentó la moción basándose en el principio de inmunidad soberana que ampara a los jefes de Estado en ejercicio y en la exención de responsabilidad judicial extranjera para actos derivados de funciones oficiales.
En la solicitud dirigida al juez federal Alvin K. Hellerstein, la defensa argumentó que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción para juzgar al mandatario venezolano.
Pollack sostuvo que la persecución penal vulnera normas centenarias del derecho internacional sobre inmunidad diplomática. Asimismo, la representación legal de Flores ingresó un recurso independiente apelando al mismo amparo en su calidad de primera dama del país.
La moción intenta desmarcar el caso del antecedente judicial del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1990, cuya petición de inmunidad fue rechazada. La defensa expuso que, a diferencia de Noriega, el Ejecutivo estadounidense no niega que Maduro haya sido mandatario de Venezuela, sino que cuestiona la legitimidad de su mandato posterior a 2019, punto que calificaron de irrelevante para los efectos de la jurisdicción extranjera.
Sin embargo, analistas jurídicos prevén un escenario complejo para la estrategia defensiva, dado que los tribunales de Estados Unidos suelen supeditar el reconocimiento de inmunidad a las directrices del poder Ejecutivo.
Dado que Washington retiró formalmente la legitimidad del Gobierno de Maduro desde 2019 y desconoció los comicios posteriores, la Fiscalía sostendrá previsiblemente que la protección internacional no resulta aplicable en este procedimiento.
Ambos imputados permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura a comienzos de año y se han declarado no culpables de los cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de fuego.
El juez Hellerstein estableció como fecha límite el 2 de octubre para que la Fiscalía presente su réplica, fijando una audiencia sobre la inmunidad para el 17 de noviembre; si la petición es desestimada, el juicio oral dará inicio en junio de 2027.