“Colombia vive un momento de renovadas expectativas”, afirmó este miércoles el ante el Consejo de Seguridad el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, que afirmó que esta fase “es producto del audaz planteamiento de paz total adelantado por el presidente Gustavo Petro”.

Durante la presentación del más reciente informe trimestral del Secretario General, Massieu detalló que “esta política está anclada en la implementación integral del Acuerdo final de paz con las antiguas FARC-EP”.

Y añadió que “además busca profundizar la paz a través de la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y mediante acercamientos con otros actores armados”, con el objetivo de acabar con “las múltiples expresiones de violencia que continúan golpeando a las comunidades en varias regiones del país”.

Massieu declaró estar alentado por el enfoque de la nueva administración que prioriza al diálogo como el “principal recurso para resolver el conflicto social y armado”.

También por el hecho de que “centre las estrategias de seguridad en la protección de las comunidades vulnerables”, y que reconozca “la interdependencia entre las soluciones duraderas a la violencia y la superación de las desigualdades históricas especialmente en zonas rurales y empobrecidas”.

Calificó el Acuerdo de Paz en Colombia como “un referente en la materia” y destacó que la búsqueda de la paz total “representa una oportunidad para seguir construyendo sobre estos cimientos asegurando la participación amplia y efectiva de las mujeres”.

“Del Chocó al Catatumbo, del Putumayo al sur de Bolívar son estas mujeres y sus comunidades quienes enfrentan y resisten a la violencia causada por diferentes actores armados que se disputan el control territorial” y, por ese motivo, trajo a colación el mensaje del Secretario General en el que insta a estos actores a “demostrar su voluntad de paz y responder positivamente al llamado al cese al fuego propuesto por el presidente Petro”.

Añadió que además del diálogo la materialización de la paz requiere “la materialización de compromisos pendientes en la implementación del Acuerdo final de Paz”.

Por ello consideró positivo que el Congreso debatiera durante las últimas semanas reformas clave como el proyecto de ley para la creación de la jurisdicción agraria y la propuesta de reforma política, los avances en el trámite de la ley que otorga un marco jurídico a la política de paz total y la ratificación del acuerdo climático de Escazú.

“De igual manera quisiera destacar la importancia del reciente acuerdo entre el gobierno y la Federación de Ganaderos para la compra de tierras que serán distribuidas entre campesinos a través de los mecanismos que establece el Acuerdo de Paz”, destacó.

La ONU aplaude el nuevo enfoque basado en la seguridad humana

Del mismo modo, Massieu señaló que, durante su visita a distintas regiones del país, los representantes comunitarios le expresaron su preocupación por la presencia constante de actores armados ilegales y su frustración por la no llegada de servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

“Por eso saludó la voluntad del gobierno de adoptar un nuevo enfoque de seguridad humana orientado precisamente a fortalecer el despliegue integral del Estado, la confianza de la ciudadanía en las instituciones civiles y la fuerza pública y desactivar progresivamente las causas que originan la violencia”, detalló.

Por último, calificó de alentadora la decisión del gobernó de Colombia y el ELN “de reanudar los diálogos de paz”.

Más de 300 excombatientes asesinados

En el informe presentado hoy, el Secretario General confía en que el gobierno reforzará el apoyo a los más de 13.000 excombatientes comprometidos con la paz, atendiendo su reincorporación y necesidades, al igual que las de los indígenas y afrocolombianos.

Con respecto a los factores de riesgo para la reincorporación de los excombatientes, subraya la persistente inseguridad y refiere que en los tres meses que abarca el informe fueron asesinados 15 excombatientes, lo que eleva la cuenta a un total de 342 abatidos desde la firma del Acuerdo.

En este renglón, señala que los grupos armados ilegales siguen operando en zonas con escasa presencia del Estado y agrega que esta violencia afecta desproporcionadamente a las mujeres, los indígenas y los afrocolombianos.

Precisa que durante el periodo del informe más de 8000 personas fueron confinadas y más de 13.000 fueron desplazadas por la fuerza, en tanto que se denunciaron 45 asesinatos contra defensores de derechos humanos.

No obstante, reconoce que el nuevo Gobierno ha dado ya los primeros pasos para hacer frente a la violencia en varias regiones y celebra que las medidas que ha tomado incluyan las disposiciones del Acuerdo de Paz.

Confía, asimismo, en que se fortalezca progresivamente la presencia del Estado para proteger a los grupos vulnerables y desmantelar los grupos armados y organizaciones criminales.