El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias* señaló este viernes que Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad frente a violaciones de derechos humanos, redoblando los esfuerzos de búsqueda de las personas desaparecidas y tomando las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.
Al terminar una visita oficial a la nación sudamericana, los expertos destacaron que, hasta la fecha, no se ha realizado un ejercicio exhaustivo de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones cometidas contra las garantías fundamentales.
El Grupo indicó que Uruguay debe tomar medidas eficaces para enjuiciar a los responsables de los crímenes perpetrados en el pasado.
“Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente la escasez de avances en materia de búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo de más de cinco décadas”, puntualizaron los expertos en un comunicado.
En sus observaciones preliminares, consideraron urgente una política de Estado integral, coherente y participativa, que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información “tanto de fuentes humanas como documentales”.
Compromiso con la verdad
Los especialistas destacaron el compromiso de las víctimas y los familiares de las personas desaparecidas con la verdad y la preservación de la memoria histórica, así como su exigencia de garantías de no repetición.
Asimismo, subrayaron su valentía y lucha incansable para encontrar a los desaparecidos, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el periodo de actuación ilegitima del Estado y dictadura, entre 1968 y 1985.
Enfatizaron el papel de las víctimas y los familiares en la generación de un consenso social que reconoce y rechaza los crímenes de la dictadura, al igual que su trabajo en la construcción de un “nunca más”, pero lamentaron el posible cambio de narrativa que se percibe en iniciativas que tienden a diluir la responsabilidad por los crímenes cometidos por el Estado.
Para el Grupo de Trabajo la labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos es positiva y cuenta con credibilidad y confianza entre las víctimas.
En este punto se refirió a la elección en puerta de un nuevo Consejo Directivo para esa institución resaltando la necesidad de que los candidatos representen a actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos.
La reparación no es para todas las víctimas
Con respecto a las medidas de reparación para víctimas y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, el Grupo expresó preocupación frente a los criterios establecidos, que no se ajustan a las normas internacionales.
Los expertos explicaron que muchas víctimas que fueron desaparecidas y sometidas a actos de tortura y violencia sexual durante su detención no han sido reconocidas oficialmente hasta la fecha, por lo que no se beneficiarán con las medidas de reparación.
También manifestaron alarma por las leyes de reparación, que no incluyen a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el periodo 1968-1985.
Cooperación internacional frente a los abusos de la Operación Cóndor
En cuanto a las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la Operación Cóndor, el Grupo instó a Uruguay a dar el auxilio judicial internacional que haga falta para los procesos penales.
La Operación Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos que unió a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para silenciar a personas consideradas “elementos subversivos”.
“Uruguay debe cooperar con otros Estados en la asistencia, búsqueda, y localización de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la exhumación, identificación y restitución de sus restos”, recalcó.
Los expertos conminaron a no dejar de lado las desapariciones de niñas, niños y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales y a no ignorar las desapariciones de mujeres, que podrían haber sido víctimas de explotación sexual y trata.
Advirtieron que existe un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos.
El Grupo de Trabajo presentará al Consejo de Derechos Humanos las observaciones finales de su visita a Uruguay en septiembre de 2023.
