Los patrones de migración irregular en Honduras han cambiado en los últimos meses con unas 12.800 mujeres y niñas regresando al país en lo que va del año, según las cifras oficiales del gobierno, que las contabilizó a su paso por un centro de recepción, en el que constituyeron el 26% de los casos atendidos. En 2021, este mismo grupo poblacional representó un 17% de los casos, es decir, cada vez más mujeres y niñas vuelven al país. 

Para atender a este colectivo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con apoyo del gobierno de Canadá, desarrollaron un proyecto regional que se implementará a partir de este año y hasta 2026 para mejorar el bienestar de las mujeres y niñas afectadas por la migración irregular y el desplazamiento forzado en Honduras y los otros países del norte de Centroamérica. 

Violencia de género y de grupos criminales

 Los organismos señalaron que, además de las mujeres retornadas, hay mucha población femenina afectada por la violencia de género y de los grupos criminales.

Dicha violencia -que incluye feminicidios, crímenes de odio y reclutamiento forzado de niñas y adolescentes por las estructuras criminales- genera desplazamiento forzado en Honduras, sobre todo entre las mujeres.

Según los datos más recientes de desplazamiento por violencia en ese país, las mujeres son un 10% más que los hombres desarraigados.

El nuevo proyecto contempla actividades relacionadas con la movilidad humana, justicia, desarrollo social, derechos humanos, salud, equidad de género, niñez y adolescencia, estadística poblacional, cultura y trabajo.

La OIM y ACNUR explicaron que todas estas iniciativas se ajustan a las prioridades nacionales de los países y al Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales, al igual que al Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para una migración Segura, Ordenada y Regular. 

Una familia cuenta a un oficial de ACNUR como huyeron de Honduras a Guatemala para escapar de las pandillas. Ahora viven en Villanueva, Ciudad de Sol, uno de los lugares más peligrosos en Guatemala.

La protección comienza en las comunidades

El representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, argumentó que los mecanismos de protección empiezan en las comunidades, por lo que “es crucial fortalecer las capacidades tanto de las organizaciones comunitarias como del Estado para que mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTQI+ puedan acceder a mecanismos institucionales de protección y así mitigar los riesgos que muchas veces las obliga a huir de sus hogares”.

El proyecto arrancará un fondo de diez millones de dólares e impulsará iniciativas que fortalezcan el enfoque de equidad de género en los procesos de toma de decisión sobre las necesidades de mujeres y niñas migrantes, desplazadas y refugiadas.

El jefe de la Misión de la OIM para Guatemala y Honduras dijo que la Organización tiene el compromiso de apoyar a las mujeres y las niñas en situación de vulnerabilidad, así como a madres adolescentes, jefas de hogar retornadas y personas LGBTQI+.

Protagonistas de sus vidas

“Buscamos una verdadera transformación en la sociedad hondureña y del norte de Centroamérica hacia una sociedad donde las mujeres tengan la oportunidad de ser las protagonistas de sus propias vidas”, apuntó Jorge Peraza. 

Según las agencias, las actividades del proyecto ayudarán a mejorar las condiciones de vida de unas 5000 mujeres y niñas en el norte de Centroamérica, además de cambiar progresivamente las condiciones que perpetúan la discriminación, la desigualdad de género y la falta de respeto a los derechos de las mujeres y las niñas en situación de movilidad.