La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha marcado un hito en su gestión organizacional con la puesta en marcha de su nueva Política de Cero Tolerancia al Acoso Laboral, la Violencia Basada en Género y el Acoso Sexual.
Esta normativa, que entró en vigor el pasado 12 de agosto de 2026, establece un marco estratégico inédito diseñado para elevar los estándares institucionales y asegurar que todo el personal desempeñe sus funciones en entornos laborales dignos, seguros, equitativos y libres de cualquier forma de discriminación o violencia.
Durante la presentación de esta iniciativa, Wilmar de Jesús Mejía, Director General de la UIAF, enfatizó la importancia de proteger el capital humano de la entidad.
El directivo subrayó que la misión fundamental de la institución, consistente en salvaguardar la economía nacional frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es ejercida por personas que poseen el derecho inalienable a trabajar en condiciones dignas, seguras e igualitarias.
La política ha sido estructurada bajo los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad, garantizando un alcance integral.
Esta medida aplica sin distinción de rango jerárquico o tipo de vinculación, cubriendo a servidores públicos, contratistas, practicantes, aprendices, personal en misión, aspirantes a cargos, proveedores y visitantes.
La cobertura del instrumento se extiende a espacios físicos, plataformas digitales, procesos de selección, comisiones de servicio, eventos institucionales y canales de comunicación oficiales.
Entre los pilares fundamentales del nuevo protocolo destaca la prohibición absoluta de represalias contra querellantes o testigos y la imposición de una reserva legal sobre las actuaciones.
Además, la norma prohíbe expresamente someter a las víctimas de acoso sexual o violencia de género a procesos de conciliación o careos forzados. Bajo un principio estricto de no revictimización, la entidad busca impedir interrogatorios o reiteraciones innecesarias de los hechos denunciados.
En cuanto a la ejecución administrativa, el Comité de Convivencia Laboral tendrá la responsabilidad de gestionar de manera preventiva e interventiva los asuntos relacionados exclusivamente con el acoso laboral.
Por otra parte, las conductas de connotación sexual serán remitidas directamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno o a las autoridades judiciales competentes para su debido proceso. Este avance institucional contó con la asesoría y el respaldo técnico de la Fundación Empodérame.
