La transición hacia la paz, la democracia y el Estado de derecho en Libia se ve obstaculizada por las violaciones continuas y graves de los derechos humanos y por una cultura de la impunidad, según destaca el segundo informe de la Misión de Investigación Independiente sobre Libia* que se presentará este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El reporte de este grupo de expertos en las garantías fundamentales cita múltiples transgresiones que dificultan la transición democrática en la nación norafricana, tales como la intimidación y el acoso a activistas, los ataques al poder judicial, y las violaciones generalizadas que sufren los grupos vulnerables como los migrantes, las mujeres, los activistas y las personas detenidas.

Las violaciones de los derechos humanos de los detenidos son generalizadas


Los integrantes de la Misión, compuesta por tres especialistas, concluye “que hay motivos razonables para creer que se están violando los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario en varios centros secretos de detención de Libia”. 

Las averiguaciones en curso de la Misión incluyen informes de violaciones de derechos humanos en el interior de varias prisiones que se declararon como cerradas pero que, al parecer, siguen funcionando en secreto y como redes de cárceles clandestinas supuestamente controladas por diferentes milicias armadas. Del mismo modo, descubrieron que las autoridades no cumplieron con las órdenes de liberación de los detenidos en numerosos casos.

En el informe publicado el pasado mes de octubre, la Misión de Investigación ya determinó que los actos de asesinato, tortura, encarcelamiento, violación y desaparición forzada perpetrados en las prisiones de Libia pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

“Encontramos más pruebas que demuestran que las violaciones de derechos humanos que sufren los detenidos en Libia son generalizadas, sistemáticas o ambas cosas”, declaró el presidente de la Misión de Investigación, Mohamed Auajjar.

Una pintada en un muro en Bengasi, Libia, reclama elecciones y democracia.

La convulsión política obstaculiza la transición hacia el Estado de Derecho

Las últimas investigaciones de la Misión coinciden con una nueva agitación política en Libia, especialmente en los momentos previos y posteriores al aplazamiento de las elecciones previstas para diciembre de 2021.

En el informe, los expertos explican que esta circunstancia ha encaminado sus esfuerzos de investigación hacia las violaciones, los abusos y los delitos que pueden obstaculizar la transición hacia el Estado de Derecho y las elecciones democráticas. 

Entre los incidentes anteriores al pasado mes de diciembre, que ponen en duda el cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales y de facto de sus obligaciones de garantizar la libertad de expresión y reunión de los libios, se encuentran las denuncias de arrestos y detenciones por parte de grupos armados de personas de Sirte por expresar su opinión sobre las elecciones o su apoyo a los candidatos.

La Misión también describe la continua impunidad en cuanto a los ataques contra las mujeres que se dedican la política, un hecho que socava su participación real en ese campo.

“La Misión considera que el poder judicial es la piedra angular del mantenimiento del Estado de Derecho, de la transición a la democracia y de la protección de los derechos de todas las personas en Libia”, afirman los especialistas.

ARCHIVO. Personal de la OIM ayuda a desembarcar a migrantes en Trípoli, Libia

Persisten los abusos contra los migrantes y los defensores de derechos humanos 

Al igual que en su anterior informe, donde constató numerosas violaciones contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que pueden constituir crímenes contra la humanidad, documentó continuos patrones de asesinatos, torturas, actos inhumanos, violaciones, persecuciones y esclavización.

Otros apartados del informe cubren las investigaciones sobre los continuos abusos cometidos por los traficantes y los ataques a organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos.

Aunque los expertos reconocen la cooperación de las autoridades libias con la Misión de Investigación, advierten que persisten graves problemas para garantizar la rendición de cuentas.

El documento incluye una serie de recomendaciones para poner fin a las violaciones, buscar la rendición de cuentas y fortalecer las instituciones libias del Estado de Derecho. Además, aconseja prorrogar el mandato de la Misión más allá de su actual fecha de finalización, el 30 de junio.