Una exalumna de la Universidad de Cornell ha presentado una demanda civil ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York en la que acusa a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente de forma grupal durante una fiesta celebrada en el campus.
La denunciante, que litiga bajo el seudónimo procesal de Jane Doe, sostiene que los hechos se produjeron durante la madrugada del 19 al 20 de octubre de 2024, tras ser incitada a consumir ketamina en un estado en el que carecía de capacidad para prestar su consentimiento.
El caso ha cobrado relevancia pública tras la divulgación de las pruebas incluidas en la denuncia civil, entre las que destacan capturas de pantalla de un grupo privado de la red social Snapchat titulado “Chi Phi Actives”.
En dichos mensajes, emitidos de madrugada, varios de los implicados incitaban supuestamente a otros miembros de la fraternidad a acudir a una de las habitaciones de la sede para participar en la agresión, material que ha reorientado las pesquisas sobre la responsabilidad individual y colectiva de los presentes.
Paralelamente a las acusaciones directas contra los estudiantes, la demanda dirige severas críticas contra la gestión institucional de la Universidad de Cornell, alegando una falta de protección efectiva a la víctima e inconsistencias en la aplicación de los protocolos disciplinarios del Título IX.
La querellante señala que la universidad sancionó a la mayoría de los señalados con medidas menores, como la redacción de trabajos académicos, expulsando únicamente a dos de ellos, situación que la llevó a abandonar sus estudios universitarios tras el incidente.
En respuesta a la demanda civil y al impacto mediático generado, la Fiscalía del Condado de Tompkins ordenó la reapertura de la investigación penal contra los implicados.
Las autoridades judiciales explicaron que las primeras diligencias tomadas por la policía local no reflejaban la presencia de drogas ni la participación de múltiples agresores, pero sostienen que la aparición de los nuevos registros de mensajería justifica una revisión exhaustiva de los hechos bajo la legislación penal del estado.
Por su parte, la administración de la Universidad de Cornell ha rechazado que las sanciones disciplinarias aplicadas se hayan limitado a penalizaciones académicas menores, aunque declinó ofrecer detalles específicos escudándose en las leyes federales de privacidad estudiantil.
No obstante, las autoridades académicas confirmaron que se someterán a una auditoría independiente para evaluar la actuación del Departamento de Policía del campus y del personal encargado de procesar las denuncias por conducta sexual inapropiada.
La defensa legal de los estudiantes implicados ha negado tajantemente la existencia de una agresión física o la administración forzada de sustancias, asegurando que las interacciones fueron consentidas o que algunos de los señalados no tuvieron contacto físico con la denunciante.
Entre tanto, la dirección nacional de la fraternidad Chi Phi emitió un comunicado condenando cualquier tipo de violencia sexual y ofreciendo su cooperación con las autoridades para esclarecer lo sucedido.
El desarrollo del caso ha provocado protestas en el campus de la prestigiosa institución académica y la intervención de representantes del gobierno del Estado de Nueva York, quienes han exigido transparencia en las pesquisas.
Las investigaciones penal y civil continúan su curso en los tribunales para determinar las responsabilidades penales de los acusados y evaluar la respuesta institucional de la universidad ante la denuncia.
