El futuro de más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos quedó en entredicho tras la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración de Donald Trump revoque el programa de “parole” humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal. Según reportó Reuters, la medida deja a cientos de miles de personas expuestas a una posible deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva de este estatus.
El programa de “parole” humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. De acuerdo con The New York Times, “el programa permitió que más de 530.000 personas de esas nacionalidades entraran al país con autorización para residir y trabajar temporalmente”. La administración de Biden defendió la iniciativa como una vía para desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias.
La decisión de la Corte Suprema, emitida este 30 de mayo, no incluyó una argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo. Jackson afirmó en su opinión disidente que el tribunal “claramente arruinó” su evaluación sobre qué parte sufriría más daño si se permitía la revocación del estatus legal mientras se resuelve el caso. Según USA Today, Jackson sostuvo que la mayoría “subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes”.
El programa de “parole” se remonta a la década de 1950, cuando la ley federal de inmigración permitió a las administraciones conceder permisos temporales de entrada por razones humanitarias o de interés público significativo. CNN recordó que “la administración de Eisenhower, por ejemplo, otorgó parole a decenas de miles de personas que huían de Hungría tras la represión soviética”. En el caso reciente, la administración de Biden recurrió a este mecanismo para responder al aumento de migrantes de países con graves crisis internas, permitiendo su ingreso legal y acceso a empleo.
La administración de Trump, al asumir el poder, ordenó el fin de todos los programas de “parole” categóricos. El 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con estos programas, y en marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios. Según Reuters, el gobierno argumentó que “revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada conocido como ‘expedited removal’”.
La medida fue impugnada en tribunales por grupos de migrantes y sus patrocinadores estadounidenses, quienes alegaron que la terminación masiva del programa violaba la ley federal, que exige revisiones caso por caso. La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, falló en abril que la ley “no permite la terminación generalizada del programa, sino que requiere una revisión individual”. El 5 de mayo, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, respaldó la decisión de Talwani de bloquear temporalmente la revocación masiva.
El Departamento de Justicia, en su apelación ante la Corte Suprema, sostuvo que las decisiones de los tribunales inferiores estaban “deshaciendo políticas de inmigración democráticamente aprobadas que jugaron un papel central en la elección de noviembre”, según citó CNN. El procurador general, D. John Sauer, argumentó que la autoridad de “parole” es “puramente discrecional” y que la ley impide a los jueces revisar esas decisiones. Sauer acusó a los jueces de “alterar innecesariamente políticas migratorias críticas cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal”.
Por su parte, los abogados de los migrantes advirtieron a la Corte Suprema que la cancelación abrupta del programa “causaría un inmenso sufrimiento humano innecesario”. En su escrito, afirmaron: “Todos ellos siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos, y están aquí para reunirse con sus familias y/o escapar, aunque sea temporalmente, de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”. The New York Times reportó que los demandantes señalaron que, de perder el estatus, “serían separados de sus familias y quedarían inmediatamente sujetos a deportación acelerada a los mismos países despóticos e inestables de los que huyeron, donde muchos enfrentarán graves riesgos de peligro, persecución e incluso muerte”.
