El juez federal Lewis A. Kaplan ordenó al gobierno de la ciudad de Nueva York cumplir con una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para entregar información sobre las personas alojadas en un albergue para sin hogar en el Bronx.
La controversia comenzó cuando la agencia federal emitió una orden requerimiento (subpoena) exigiendo nombres completos y fechas de nacimiento de los usuarios de la instalación de acogida Bruckner.
Frente a la solicitud, la administración municipal buscó frenar la medida en los tribunales apoyándose en las leyes de protección de la ciudad de Nueva York, las cuales prohíben expresamente que las agencias locales utilicen recursos o personal municipal para cooperar con las tareas de control migratorio civil del gobierno federal.
Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos presentados por la representación legal del ayuntamiento.
En su dictamen, el magistrado determinó que la solicitud administrativa de ICE no constituía una carga desmedida para la administración local ni violaba las directrices federales vigentes, obligando a la ciudad a acatar el requerimiento y remitir la información solicitada para el albergue bajo investigación.
Pese al mandato judicial, la transferencia de los registros no será inmediata ni masiva. El tribunal estableció la mediación de un auxiliar judicial independiente (special master), encargado de auditar de forma previa los archivos del albergue.
La labor de este supervisor externo consistirá en revisar expediente por expediente para garantizar que únicamente se pongan a disposición de ICE los datos correspondientes a personas que cuenten con antecedentes penales por delitos graves, excluyendo de la entrega la información de aquellos residentes sin registro de antecedentes.
Ante la resolución dictada, las autoridades locales y los defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación por el precedente que sienta esta orden en el funcionamiento del sistema de protección municipal.
Mientras tanto, el equipo legal del ayuntamiento se encuentra evaluando las opciones de apelación disponibles antes de que venza el plazo fijado por el juzgado para presentar la propuesta del plan formal de revisión.
