Un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York dictó una orden de suspensión temporal de emergencia contra la aplicación del nuevo impuesto a las segundas residencias impulsado por la administración municipal.
La medida frena de forma inmediata la puesta en marcha del gravamen de lujo, conocido popularmente como impuesto pied-à-terre, en respuesta a una demanda interpuesta por propietarios que denuncian irregularidades en el registro de inmuebles afectados y defectos en las notificaciones oficiales.
La decisión del magistrado Wayne M. Ozzi exige a la alcaldía retirar de manera inmediata de sus plataformas digitales el padrón público que contenía casi un millón de inmuebles señalados.
Asimismo, el dictamen prohíbe a la administración enviar nuevas notificaciones de cobro y congela temporalmente la fecha límite fijada para el 18 de septiembre, día en que vencía el plazo para que los contribuyentes gestionaran sus solicitudes de exención.
El conflicto legal surge tras las reclamaciones de un grupo de residentes que aseguraron haber sido clasificados erróneamente como poseedores de segundas viviendas, a pesar de residir permanentemente en dichas propiedades.
La normativa en disputa fue diseñada para gravar residencias secundarias cuyo valor de mercado supere los cinco millones de dólares en el caso de viviendas unifamiliares o multifamiliares, y a partir de un millón de dólares en condominios y cooperativas.
