En un dictamen que reconfigura el panorama del control migratorio en la ciudad, un juez federal emitió una orden que limita drásticamente la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para efectuar arrestos en las inmediaciones y dentro de los tribunales de inmigración de la ciudad.
La resolución judicial deja sin efecto provisional la directriz implementada a inicios de este año, la cual buscaba agilizar y expandir las detenciones masivas en las dependencias judiciales sin requerir autorizaciones de magistrados locales.
Con esta nueva ordenanza, la justicia obliga a las agencias federales a retornar de inmediato a los protocolos establecidos en 2021. Bajo este marco legal, los oficiales de inmigración civil solo podrán intervenir bajo criterios de estricta necesidad o si el individuo representa una amenaza probada.
El fallo responde a una serie de demandas interpuestas por coaliciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes, quienes argumentaban que la presencia agresiva de agentes federales ahuyentaba a testigos y víctimas de delitos, menoscabando el debido proceso y la confianza en el sistema legal neoyorquino.
A partir de la entrada en vigor de esta medida, para que un agente de ICE pueda realizar una detención en las dependencias de Manhattan o áreas circundantes, la fiscalía federal deberá presentar una orden judicial firmada por un juez de instrucción o, en su defecto, acreditar una emergencia de seguridad nacional.
Asimismo, este límite operativo coincide con las recientes directrices presupuestarias estatales impulsadas en Albany, orientadas a disolver los polémicos convenios de colaboración 287(g), blindando la infraestructura local frente a las deportaciones masivas.
Fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que las limitaciones también se extienden al espacio físico de procesamiento en el 26 de Federal Plaza. Debido a litigios previos por hacinamiento, el ICE enfrenta topes rigurosos de capacidad que impiden retenciones prolongadas en dicho inmueble.
A pesar del revés judicial para las agencias federales, portavoces de la administración central manifestaron su desacuerdo con la resolución, argumentando que estas trabas legales entorpecen la aplicación de la ley y la deportación de infractores del orden público.
Por su parte, activistas locales han calificado la jornada como un triunfo histórico, aunque instan a la población a mantenerse informada y conocer sus derechos, anticipando que los operativos de control podrían trasladarse hacia zonas no protegidas de la vía pública.
