El 26 de agosto de 2025, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana envió una carta formal al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita una investigación internacional sobre el presunto favorecimiento del Gobierno de Gustavo Petro a las estructuras criminales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La petición, dirigida a la Casa Blanca, se fundamenta en una serie de hechos y decisiones gubernamentales que, según Uscátegui, podrían comprometer la seguridad y la institucionalidad de Colombia. Además, su denuncia se produce en un contexto de sanciones internacionales contra el dictador Maduro, al que Estados Unidos acusa de liderar el denominado cartel de los Soles y de ser responsable de la exportación de cocaína hacia territorio norteamericano.
El concejal advirtió que las acciones del Gobierno colombiano podrían estar facilitando la operación de redes criminales transnacionales en la frontera Colombo-venezolana.
Entre los argumentos presentados, el servidor público expuso una de las posturas más cuestionadas del presidente Gustavo Petro, en relación con el cartel de Los Soles, una organización criminal que estaría siendo liderada por Nicolás Maduro. Según el jefe de Estado, dicho grupo ilegal no existe; a su juicio, sería una premisa utilizada por la “extrema derecha” para perjudicar a gobiernos que no son obedientes.
“Este contraste plantea serias preocupaciones frente a un posible escenario de encubrimiento, omisión y/o favorecimiento, en el que las posturas oficiales del presidente Petro podrían terminar alineándose con los intereses del denominado Cartel de los Soles y de los grupos narcoterroristas que lo integran”, precisó el funcionario en la misiva enviada a Marco Rubio.
Una Paz Total cuestionada por beneficiar a criminales
Aunado a ello, mencionó la radicación del Proyecto de Ley No. 002 de 2025, conocido como la “ley de sometimiento”, que propone penas alternativas para integrantes de grupos armados organizados, incluidos máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y delitos conexos. La iniciativa es problemática porque, según el concejal, podría beneficiar a cabecillas de organizaciones narcotraficantes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, que operan en la frontera con Venezuela.
