La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó el pasado viernes una ambiciosa propuesta legislativa. La iniciativa busca restringir el alcance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado, aunque un punto específico sobre la discreción policial ha generado un fuerte rechazo entre activistas y legisladores.
El núcleo de la propuesta de Hochul busca establecer “zonas seguras” donde los agentes federales tendrían prohibido realizar operativos. Entre los puntos clave destacan:
• Sitios Sensibles: Se prohíben operaciones de ICE en hospitales, escuelas y tribunales.
• Identificación Transparente: Queda prohibido el uso de máscaras o pasamontañas por parte de agentes durante intervenciones.
• Protección Domiciliaria: El acceso a viviendas por parte de autoridades federales requerirá estrictamente una orden judicial.
• Cooperación Limitada: Se restringe la colaboración de la policía estatal y local con el personal de inmigración.
A pesar de las protecciones propuestas, el documento incluye una cláusula que ha puesto en alerta a la comunidad inmigrante: se permitiría que un oficial de policía, bajo su propia discreción, reporte a una persona a las autoridades federales si considera que existe “causa probable” de un delito.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este término es peligrosamente ambiguo. Jennifer Hernández, representante de Make the Road NY expresó su profunda preocupación ante la medida.
“Estamos bastante preocupados, especialmente por este elemento de facilitar colaboración entre inmigración y nuestros policías locales con el solo hecho de tener causa probable. Creemos que sería bastante preocupante”.
La propuesta llega en un momento crítico, coincidiendo con las negociaciones del presupuesto estatal. Legisladores de la bancada progresista ya han manifestado que este punto será una línea roja en las discusiones.
La senadora Jessica Ramos fue enfática al señalar que la jurisdicción criminal y la migratoria no deben cruzarse. “Los policías deberían mantenerse al margen, no mezclarse con la ley de inmigración. Ellos tienen su propia jurisdicción dentro de la ley criminal; queremos proteger a las personas que están haciendo las cosas bien y no darles más herramientas para cooperar con ICE”, afirmó Ramos.
Se anticipa que la cláusula de “causa probable” sea el principal eje de negociación en la Legislatura. Mientras el ejecutivo busca un equilibrio entre seguridad y protección, los defensores de los inmigrantes advierten que cualquier ventana a la discrecionalidad policial podría socavar la confianza de la comunidad en las instituciones locales.
