En un cierre de año trascendental para los derechos laborales, el Concejo Municipal de Nueva York ha dado luz verde a un conjunto de leyes que prometen sacar de la precariedad a miles de trabajadores esenciales.
La nueva legislación pone fin a la era de las “desactivaciones” arbitrarias por parte de las plataformas de entrega como Uber y DoorDash, garantizando a los más de 80,000 repartidores, en su mayoría inmigrantes, el derecho a un proceso justo y pruebas claras antes de perder su acceso al trabajo.
Simultáneamente, el sector del comercio informal recibe un respiro tras cinco décadas de estancamiento: la ciudad ampliará el cupo de permisos legales para vendedores ambulantes de los actuales 853 a 10,500 para el año 2027, una medida que busca formalizar a los más de 23,000 trabajadores que hoy operan bajo la sombra de multas excesivas y decomisos.
Esta reforma integral no solo ofrece estabilidad económica, sino que actúa como un escudo legal para la comunidad inmigrante. Al evitar que las multas de tránsito de los “deliveristas” escalen a cortes criminales y al facilitar licencias para los vendedores de comida, la ciudad reduce drásticamente el riesgo de que encuentros policiales rutinarios deriven en procesos de deportación.
Con estas aprobaciones, Nueva York reconoce finalmente que el sustento de sus trabajadores más dinámicos no puede depender de un algoritmo opaco o de un sistema de permisos obsoleto.
