En respuesta a un preocupante incremento en los accidentes de tránsito y a la pérdida de una veintena de vidas en lo que va del año, el Concejo Municipal de Nueva York dio inicio a un intenso debate legislativo destinado a imponer un control estricto sobre las bicicletas eléctricas y los vehículos de micromovilidad.
El paquete regulatorio, compuesto por 23 proyectos de ley, busca transformar de manera radical el uso de estos medios de transporte en las calles y aceras de los cinco distritos de la metrópoli.
La ofensiva parlamentaria se desencadenó tras la publicación de sombrías estadísticas de seguridad vial que contabilizan más de 700 personas heridas y al menos 20 fallecidos en siniestros relacionados con e-bikes durante los primeros meses del año.
Las autoridades locales destacan que, a diferencia de años anteriores donde la principal preocupación eran los incendios causados por baterías de litio defectuosas, la crisis actual se centra en las colisiones a alta velocidad, el tránsito descontrolado por áreas peatonales y la proliferación de vehículos modificados ilegalmente.
Entre las medidas más drásticas que contempla la legislación se encuentra la exigencia de matrículas visibles y registros obligatorios para todos los vehículos motorizados de dos ruedas, así como multas severas para quienes alteren los motores para superar los límites legales de velocidad.
Asimismo, varios de los proyectos buscan prohibir de manera definitiva la circulación de modelos de alta velocidad que superen los 40 kilómetros por hora, estableciendo mecanismos de decomiso para los infractores reincidentes.
El proyecto de ley ha generado una fuerte división entre las organizaciones de seguridad vial y los colectivos de trabajadores de entregas a domicilio.
Agrupaciones como el Worker’s Justice Project, que representa a miles de repartidores en la ciudad, han manifestado su apoyo a las normas que incrementan la seguridad en las vías, pero advierten que los costos de matriculación y el riesgo de fiscalización excesiva podrían impactar de forma desproporcionada la fuente de ingreso de más de 80.000 repartidores que dependen diariamente de estos vehículos para subsistir.
Por su parte, los defensores de los peatones y líderes comunitarios insisten en que la situación actual en las aceras de Nueva York se ha vuelto insostenible para los ancianos y niños, exigiendo la rápida aprobación del paquete normativo.
Se espera que las audiencias públicas continúen durante las próximas semanas en el Ayuntamiento, donde los concejales intentarán redactar un texto final que equilibre la protección de los transeúntes, el desarrollo del transporte sostenible y las garantías laborales de los trabajadores esenciales.
