La Metropolitan Transportation Authority (MTA) de Nueva York recibe cada año demandas judiciales que absorben cerca de USD 50 millones de sus recursos destinados al transporte público, según declaraciones recientes de su presidente y director ejecutivo, Janno Lieber.
El problema, amplificado tras un 80% en las denuncias fraudulentas desde 2020, es atribuido por Lieber y la gobernadora Kathy Hochul a abogados que presentan reclamaciones infundadas contra la agencia en busca de compensaciones millonarias, lo que afecta la estabilidad financiera del sistema de transporte de la ciudad.
Un aumento del 80% en fraudes dispara el costo de los seguros y las demandas contra el sistema de transporte
La gobernadora Kathy Hochul atribuyó el alza de las primas de seguro de automóviles en el estado de Nueva York a un aumento del 80% en las reclamaciones fraudulentas en los últimos cuatro años. Hochul señaló que estas prácticas afectan tanto a las agencias de transporte como a conductores particulares y responsabilizó a “criminales que intentan estafar al sistema” por el fenómeno.
Los funcionarios de la MTA explican que la modalidad más recurrente consiste en asignar responsabilidad a la autoridad de transporte aunque sus conductores no sean los principales responsables del accidente, aprovechando vacíos legales para obtener indemnizaciones completas incluso cuando el conductor culpable no cuenta con seguro suficiente.
Lieber ejemplificó la problemática con un caso donde un conductor que violó una señal de alto chocó contra un autobús que circulaba legalmente por una intersección. A pesar de la evidencia, “el abogado convenció al jurado de que MTA tenía el 5% de responsabilidad, lo que nos obligó a hacernos cargo de toda la compensación porque el conductor infractor apenas contaba con seguro”, relató Lieber a THE CITY.
Según sus cálculos, la agencia podría destinar anualmente los USD 50 millones que hoy se pierden en litigios a la modernización de rutas.
Críticas y preocupaciones sobre el impacto de la reforma en los derechos de las víctimas
Diversas organizaciones y especialistas expresaron objeciones al paquete de reformas al seguro automotor impulsado por la gobernadora Kathy Hochul. Douglas Heller, de la Consumer Federation of America, consideró que la propuesta es “totalmente equivocada” y sostuvo que dificultar el acceso a compensaciones para personas lesionadas no resolverá el problema de los seguros en el estado.
En la misma línea, Andrew Finkelstein, presidente de la New York State Trial Lawyers Association, advirtió que la iniciativa de Hochul no aborda la asequibilidad de las primas para los neoyorquinos y solo traslada los costos de las aseguradoras a los contribuyentes. Finkelstein también señaló que históricamente las compañías de seguros no reducen las primas tras recortes en los beneficios para víctimas.
Nina Sabghir, integrante de Families for Safe Streets y víctima de un siniestro vial, afirmó sentirse consternada por la intención de la gobernadora de restringir la definición de “lesión grave”, al considerar que la medida podría castigar a personas legítimamente heridas y no únicamente a quienes cometen fraudes.
Además, más de una docena de líderes religiosos de Nueva York enviaron una carta a legisladores estatales en la que advirtieron que la reforma podría dejar a familias vulnerables sin acceso a compensaciones justas, lo que generaría crisis financieras y retrasos en tratamientos médicos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, expresó reservas sobre la reforma al asegurar que las víctimas de accidentes deben tener acceso a indemnizaciones y a su día en la corte.
