El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar* declaró este jueves que la resolución adoptada ayer por el Consejo de Seguridad de la ONU referente a la situación en ese país del sureste asiático no es lo “suficientemente enérgica” y afirmó que de no haber una acción “fuerte y orquestada” de la comunidad internacional, será aún mayor la masacre que tiene lugar desde la toma del poder por el ejército hace casi dos años.
En un comunicado, Thomas Andrews reconoció el esfuerzo del máximo órgano de seguridad de la ONU, destacando que evitó un veto, pero insistió en que la resolución se queda corta.
“Exigir que se tomen ciertas acciones sin ningún uso de la autoridad del Capítulo VII del Consejo de Seguridad, no impedirá que la junta ilegal de Myanmar ataque y destruya las vidas de los 54 millones de personas retenidas como rehenes en Myanmar”, advirtió el experto, subrayando que hacen falta acciones tangibles.
La resolución -la primera en ocuparse de la situación en Myanmar desde el golpe de Estado-, expresa preocupación profunda por el estado de emergencia mantenido desde el inicio del régimen militar y el grave impacto que tiene en el pueblo birmano.
También insta a tomar medidas concretas e inmediatas para implementar el plan de paz que fue acordado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y llama a defender las instituciones y los procesos democráticos.
Divisiones en el Consejo
El Consejo de Seguridad ha estado dividido durante mucho tiempo sobre cómo lidiar con la crisis en Myanamar. China y Rusia se pronuncian en contra de una acción enérgica y, junto con India, se abstuvieron en la votación del miércoles. Los otros doce miembros votaron a favor de la resolución.
Después de la votación, el embajador de China, Zhang Jun, dijo que su país prefería que el Consejo adoptara una declaración formal sobre Myanmar, no una resolución. El embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, por su parte, señaló que Moscú no ve la situación en Myanmar como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, por lo que no cree que deba ser tratada por el órgano resolutivo.
El relator especial explicó que “las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad y que la junta militar ilegal comete diariamente contra el pueblo de Myanmar requieren una acción enérgica y coordinada por parte de los Estados miembros de la ONU”.
Rendición de cuentas y medidas punitivas
Andrews apuntó que las demandas de la resolución, que incluyen el cese inmediato de todas las formas de violencia, la liberación de los presos políticos, el acceso humanitario sin trabas y el respeto de los derechos de las mujeres y los niños, son de “importancia crítica”; sin embargo, agregó que hace falta la imposición de sanciones y rendición de cuentas para quienes no las cumplan y para los militares que han cometido delitos.
Manifestó que coincide con la aseveración de Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Islandia y México, en el sentido de que el lenguaje de la resolución debería haber sido más fuerte.
La resolución deja claro, no obstante, que la acción requerida para poner fin a la crisis no vendría del Consejo de Seguridad, enfatizó el experto.
Voluntad política
“Por lo tanto, es imperativo que las naciones con la voluntad política de apoyar al pueblo de Myanmar tomen medidas coordinadas de inmediato para poner fin a la carnicería”, agregó.
El relator pidió que la resolución no se convierta en “un callejón sin salida… seguido de más inacción internacional”.
Al contrario, abundó, “debería ser una llamada de atención para aquellas naciones que apoyan a un pueblo sitiado. Es hora de crear una coalición de naciones que estén dispuestas a apoyar al pueblo de Myanmar brindándole lo que más necesita: acción”.
El experto apoyó la declaración que hiciera el Secretario General António Guterres el mes pasado, que decía que la comunidad internacional le había fallado a Myanmar.
“Este fracaso no puede ser subsanado por resoluciones que no tienen consecuencias”, puntualizó Andrews.
Reiteró que se necesita una acción específica, incluida la coordinación de sanciones, el recorte de los ingresos que financian los ataques militares de la junta y un embargo de armas y tecnología de doble uso.
“Lo que se requiere es voluntad política”, concluyó Andrews.