El fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, solicitó este jueves una nueva orden de captura y extradición contra los opositores Leopoldo López y Julio Borges —ambos exiliados—, a quienes acusó de recibir beneficios por más de mil millones de dólares a través de contratistas vinculados a la trama de corrupción ‘Pdvsa-Cripto’.
En rueda de prensa, Saab mostró un video en el que el empresario Samark López —hoy preso y acusado de ser “testaferro” del también detenido Tareck El Aissami, exministro de Petróleo— dijo que por lo menos dos contratistas venezolanos “tienen una estrecha vinculación con los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular”, a los que pertenecen Borges y Leopoldo López, respectivamente.
El TSJ emitió por primera vez una orden de captura contra Leopoldo López en 2014, en el marco de una serie de protestas nacionales contra la dictadura de Nicolás Maduro, donde murieron 43 personas, y fue sentenciado a 13 años y 9 meses en 2015 por la responsabilidad “de la comisión de los delitos de determinador de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir”, entre otros.
Dos años después, el TSJ le otorgó arresto domiciliario, que el opositor abandonó el 30 de abril de 2019 con un indulto presidencial otorgado por Juan Guaidó —autoproclamado presidente interino meses atrás—.
Luego de esto, el TSJ “revocó la medida de detención domiciliaria” y emitió una orden de captura contra López, quien ingresó en calidad de huésped en la residencial del embajador de España en Caracas, donde permaneció hasta octubre de 2020, cuando se fugó a Madrid.
En relación al caso de Borges, Saab emitió una orden de captura en 2023 y lo acusó traición a la patria, conspiración y asociación por su presunta participación en un conato de levantamiento militar en abril de 2019, aunque ya tenía dos órdenes de detención previas por su “participación directa en el robo del oro de la república depositado en Inglaterra” y por la planificación y financiamiento del intento de magnicidio contra el presidente Maduro en agosto de 2018.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió el martes la pena máxima -30 años- para el ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami, acusado de estar implicado en una trama de corrupción en la estatal Pdvsa.
El parlamentario también pidió a los tribunales que consideren aplicar la pena máxima al empresario Samark López, por su supuesta participación en la trama ‘Pdvsa-Cripto’, por la que han sido detenidas 66 personas, y que tenía el objetivo, entre otros, de “dañar la economía” venezolana.
“Ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samark López y 30 años de cárcel al traidor de El Aissami”, dijo Rodríguez, quien acusó a ambos de intentar “dañar el proceso de recuperación económica que había iniciado el presidente Nicolás Maduro”.
El jefe de la AN nombró una “comisión especial” -que presidirá el primer vicepresidente del Legislativo, el oficialista Pedro Infante– para establecer la “responsabilidad política” de los acusados, a fin de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos”, según explicó Rodríguez.
El Aissami y López, además del ex ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa, fueron detenidos el 9 de abril y luego imputados por los delitos de “traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
