La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos el 19 de septiembre, en la ciudad de Caraz, en un hecho que ha conmocionado a la población y generado preocupación por la seguridad de periodistas y candidatos en el país.
Aponte Polo desarrollaba actividades periodísticas y políticas y conducía el programa digital “China Polo Dominical”, desde donde realizaba denuncias y cuestionamientos relacionados con autoridades, instituciones públicas y presuntos actos de corrupción.
Lo que ha causado especial preocupación es que días antes de su asesinato había denunciado públicamente que recibía amenazas contra su vida.
El 10 de septiembre, la periodista publicó un video en el que afirmó haber recibido llamadas desde establecimientos penitenciarios y sostuvo que le habían advertido sobre un supuesto atentado en su contra. En aquella oportunidad también realizó acusaciones contra funcionarios policiales. Estas declaraciones forman parte de los antecedentes que actualmente deben ser esclarecidos por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
Nueve días después, el 19 de septiembre, Aponte Polo fue atacada a tiros mientras se encontraba realizando actividades en las inmediaciones de un mercado de Caraz. El momento del ataque quedó registrado por cámaras y posteriormente las imágenes fueron difundidas ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
La Fiscalía investiga el caso como presunto sicariato. Las autoridades han informado sobre personas detenidas e investigadas y trabajan en la reconstrucción de los movimientos de los presuntos implicados, así como en determinar quién habría planificado y financiado el crimen.
Uno de los elementos bajo investigación es el arma que habría sido utilizada en el ataque, además de los desplazamientos y comunicaciones de los sospechosos.
Sin embargo, la pregunta central todavía permanece sin respuesta: ¿quién ordenó el asesinato de “La China Polo” y cuál fue el verdadero motivo?
Por ahora, no existe una conclusión judicial pública que permita afirmar quién fue el autor intelectual ni establecer que el asesinato haya ocurrido específicamente por alguna de sus denuncias periodísticas o por su actividad política.
Lo que sí queda registrado es una secuencia que merece una investigación exhaustiva: una periodista y candidata denunció públicamente que temía por su vida y, pocos días después, fue asesinada.
El esclarecimiento del caso no debería limitarse únicamente a identificar a quien ejecutó el ataque. También será fundamental determinar quiénes estuvieron detrás de la planificación, el financiamiento y las posibles amenazas previas, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La muerte de Susy Aponte Polo deja además una pregunta de fondo para el Perú: ¿qué protección reciben quienes denuncian públicamente amenazas y continúan ejerciendo su labor periodística y política?
La investigación deberá proporcionar las respuestas.
