La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha reaccionado de forma contundente tras revelarse los detalles de una demanda civil por agresión sexual en grupo que involucra a exmiembros de una fraternidad en la Universidad de Cornell.
Hochul declaró públicamente que las autoridades e instituciones que debían velar por la seguridad y la justicia para la denunciante le fallaron de manera contundente durante el proceso inicial.
El caso se remonta a los hechos denunciados en 2024 en la fraternidad Chi Phi, en el campus de Ithaca. La víctima acudió formalmente ante la policía del campus poco después de la agresión. Sin embargo, la investigación no prosperó en la vía penal y el fiscal de distrito del condado de Tompkins decidió archivar el caso en ese momento.
Las sanciones disciplinarias aplicadas de forma interna por la universidad también provocaron críticas severas por ser consideradas excesivamente permisivas frente a la gravedad de las acusaciones.
Ante la indignación pública provocada por la demanda presentada por la joven bajo el seudónimo de Jane Doe, la gobernadora Hochul intervino con firmeza. Hochul exigió una revisión externa e independiente del actuar de la universidad y designó a un fiscal especial para asumir las investigaciones penales, retirando de las actuaciones a la fiscalía local tras declarar que había perdido la fe en la gestión que hicieron del expediente.
En sus declaraciones oficiales emitidas sobre el caso, Hochul expresó que “las acusaciones en este caso son nada menos que espeluznantes”, remarcando el impacto del testimonio de la joven. A través de un comunicado emitido desde su oficina, la gobernadora enfatizó el valor de la estudiante al declarar que “para cualquier estudiante, presentarse tras una experiencia como esta requiere un valor extraordinario”.
Al justificar las medidas administrativas y judiciales adoptadas desde el gobierno estatal, la gobernadora remarcó la urgencia de reevaluar las fallas cometidas.
Hochul afirmó que “por eso he solicitado a un asesor externo que lleve a cabo una revisión transparente e independiente de la respuesta de la universidad, para determinar si Cornell cumplió con cada obligación de proteger a sus estudiantes y perseguir la justicia”.
En intervenciones posteriores ante los medios de comunicación, la gobernadora abordó la problemática sistémica sobre la conducta en los campus universitarios.
Hochul subrayó la determinación de su administración para erradicar este tipo de agresiones declarando que “esta cultura tiene que parar. Y en Nueva York vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detenerla”.
Asimismo, al anunciar el nombramiento del fiscal especial para liderar la causa penal recién reabierta, la mandataria reafirmó el compromiso del estado con la víctima.
Hochul concluyó señalando que “la joven en el centro de este caso merece saber que cada hecho será examinado y que se buscará justicia. Esta medida garantizará que el asunto se investigue a fondo y sin conflictos ni sesgos, manejándolo de manera independiente con el rigor que un caso como este exige”.
