Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a una mujer de 35 años identificada como Jessica Bowie, residente de Albany, bajo la acusación de planear un atentado explosivo contra el Capitolio del estado de Nueva York.
De acuerdo con las investigaciones federales, la sospechosa habría jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) con la intención de atentar directamente contra los legisladores estatales durante sus sesiones.
La denuncia penal presentada en la fiscalía federal detalla que el complot comenzó a estructurarse a mediados de julio. Las autoridades indicaron que Bowie realizó labores de vigilancia en el edificio gubernamental en al menos cinco ocasiones distintas, tomando fotografías de las instalaciones y evaluando las rutas de acceso para maximizar el impacto de la agresión.
El plan de la sospechosa contemplaba ocultar un artefacto explosivo dentro de una bolsa de reparto de comida de la plataforma DoorDash para pasar desapercibida como repartidora. Asimismo, los fiscales federales señalaron que la acusada había adquirido suministros en un establecimiento local y solicitado un arma de fuego con el propósito de enfrentar a las autoridades policiales en caso de ser interceptada durante la ejecución del ataque.
La captura se logró gracias a una operación encubierta en la que Bowie mantuvo comunicaciones con informantes del FBI que se hacían pasar por facilitadores del grupo yihadista.
Tras reunirse con los agentes para coordinar los detalles finales y recibir un dispositivo inerte, fue detenida de inmediato sin que llegara a representar un peligro real en el recinto legislativo.
Tras el arresto, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, emitió un comunicado en el que reconoció la rápida actuación y coordinación entre el FBI y la policía estatal para neutralizar a la sospechosa. Por su parte, la oficina del fiscal federal indicó que Bowie enfrenta cargos formales por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, delito por el cual podría recibir una sentencia máxima de 20 años en prisión.
