Un ciudadano con doble nacionalidad peruana y estadounidense, identificado como Hugo Jesús Villanueva, de 70 años, fue extraditado desde Perú y puesto a disposición de la justicia federal en Houston, Texas, para responder por cargos de conspiración, fraude bancario y lavado de dinero.
Su traslado se concretó tras una operación coordinada entre agencias internacionales y el gobierno peruano, marcando un avance clave en una investigación de cuello blanco de proporciones millonarias.
De acuerdo con los documentos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021. Durante ese periodo, Villanueva y varios cómplices presuntamente orquestaron un complejo esquema para defraudar a múltiples instituciones financieras mediante decenas de solicitudes de préstamos comerciales que superaron en total los 40 millones de dólares.
Las pesquisas detallan que el modus operandi consistía en la falsificación sistemática de documentos financieros y tributarios esenciales.
Los fiscales sostienen que el acusado elaboró y presentó declaraciones de impuestos adulteradas, estados financieros alterados, registros bancarios irreales y facturas falsas de equipos para convencer a los bancos de la supuesta solidez comercial de los solicitantes y garantizar la aprobación de los créditos.
La causa judicial ya ha dejado múltiples implicados en el territorio estadounidense antes de esta extradición. Diversos coacusados, como Jennifer Williams, William Mills, Kazem Younes y Jolson Wu, optaron por declararse culpables de los delitos imputados y se enfrentan o ya han recibido sentencias por su participación en la red de desvío de fondos y empresas fachada.
Por su parte, la acusación sostiene que Villanueva huyó de Estados Unidos en 2023 para eludir la acción de la justicia, refugiándose en territorio peruano hasta su captura y posterior proceso de extradición.
Tras su llegada a suelo estadounidense y su primera comparecencia ante la corte federal, el procesado enfrenta cargos graves que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión y multas severas.
Las autoridades continúan con las audiencias preliminares para determinar las medidas cautelares definitivas mientras el caso avanza hacia las etapas de juicio.
