Al finalizar su visita a México, la relatora especial* de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos urgió a varias instituciones nacionales y gubernamentales a crear las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.

Cecilia Jimenez-Damary también pidió al Gobierno crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles una atención integral.

“Si bien es necesario crear un registro federal único de personas desplazadas internas, además de los registros a nivel estatal, éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, dijo Jimenez-Damary, al presentar sus observaciones preliminares de la visita al país.

“El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”.

La experta dijo que es fundamental que las personas desplazadas internas participen de manera plena y efectiva en las decisiones que les afectan, y que se consideren sus necesidades de protección específicas y diferenciadas. 

La relatora visitó los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero. Se reunió con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal, así como con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos autónomos de derechos humanos, del cuerpo diplomático y de las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Encuentro con las víctimas

Jimenez-Damary escuchó de las víctimas del desplazamiento interno y de las comunidades afectadas, cómo la violencia, los conflictos agrarios, a veces relacionados con proyectos de desarrollo, la minería, la tala ilegal y los desastres obligaron a las personas a desplazarse.

Además, vio los impactos del desplazamiento en mujeres, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023.