Para los malauíes, el ciclón Freddy fue un desastre absoluto. En marzo de este año, la tormenta azotó dos veces al país africano durante su destructiva trayectoria en el sur de África, que estableció un récord de duración de un mes.
Este fenómeno meteorológico extremo y su larga duración habría sido difícil de afrontar para cualquier país, pero para Malawi, una de las naciones en desarrollo más vulnerables del mundo, fue devastador. Cientos de personas murieron, más de medio millón fueron desplazadas y miles de hectáreas de cultivos fueron arrasadas.
A principios de abril, centenares de personas seguían desaparecidas y alrededor de 1,1 millones necesitaban ayuda humanitaria. Además, la severa tormenta golpeó durante el peor brote de cólera en dos décadas, lo que se sumó a las presiones sobre un sistema de salud que ya estaba severamente sobrecargado.
Ese mismo mes, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió más ayuda humanitaria, pero también solicitó a Malawi que “desarrollara soluciones duraderas para evitar, minimizar y abordar el desplazamiento debido a las catástrofes a través de medidas de adaptación climática, preparación y reducción del riesgo”.
Desastres más severos, costosos y mortales
El impacto de Freddy es sólo un ejemplo del creciente número de catástrofes complejas y costosas que llevó a 187 países a firmar un acuerdo internacional para la reducción de su riesgo en 2015.
El Marco de Sendai, llamado así por la ciudad japonesa en la que fue adoptado, es un acuerdo internacional de la ONU diseñado para reducir las pérdidas causadas por los desastres, ya sean naturales o de la mano del hombre. Tiene el objetivo de disminuir sustancialmente los decesos por esos siniestros, acortar los daños a la infraestructura y establecer mejores sistemas de alerta temprana. Todo esto para 2030.
Sin embargo, ocho años después, se ha avanzado poco: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), ha habido un aumento del 80% en el número de personas afectadas desde 2015 y muchas de las lecciones de desgracias pasadas parecen haber sido ignoradas.
Informe de medio plazo
Una reunión de alto nivel en la sede de la ONU en Nueva York el 18 y 19 de mayo brindará la oportunidad de exponer los muchos desafíos que han estancado el avance y trazar el rumbo hacia un mundo más seguro.
Los delegados en el evento habrán leído detenidamente el informe de la Revisión de Medio Término de la implementación del Marco, que deja al descubierto la escala del problema. Publicado en abril para marcar el punto medio entre su lanzamiento y la fecha límite de 2030, no es una lectura alentadora.
El informe enfatiza los impactos crecientes del cambio climático desde 2015, y las consecuencias brutalmente desiguales, que son mucho más severas en los países en desarrollo; un ejemplo de ello son las inundaciones en Pakistán en 2022, que afectaron a más de 33 millones de personas y dañaron millones de hectáreas de tierra agrícola, causando una inseguridad alimentaria generalizada.
La creciente interconexión de las sociedades, los entornos y las tecnologías del mundo significa que los desastres pueden propagarse extremadamente rápido. El informe señala la pandemia de COVID-19 como un excelente ejemplo, que comenzó como un brote local en China en 2019, antes de propagarse rápidamente por todo el mundo y provocar la muerte de unos 6,5 millones de personas para fines de 2022.
“No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos de cómo los desastres están empeorando”, dice Mami Mizutori, representante especial de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y directora de UNDRR. “La triste realidad es que muchos de estos desastres se pueden prevenir porque son causados por decisiones humanas. El llamado a la acción de la Revisión de Medio Término es que los países deben reducir el riesgo en cada decisión, acción e inversión que realicen”.
Países a la vanguardia
Es claro que no se está haciendo lo suficiente: los costos de los desastres siguen aumentando, pero el financiamiento para la reducción del riesgo no crece ni de lejos al ritmo necesario para hacerles frente.
Sin embargo, como muestra el informe, hay muchos ejemplos de países que implementan planes nacionales para proteger a sus ciudadanos.
Hasta la fecha se han promulgado planes de preparación en 125 países: desde la legislación en Costa Rica que permite que todas las instituciones asignen presupuestos para la prevención y la respuesta a emergencias, hasta el Fondo para Desastres de Australia, que invertirá hasta 200 millones de dólares australiano por año entre 2023 y 2024 en iniciativas de resiliencia y prevención, y las cláusulas para desastres de Barbados, que permiten el congelamiento inmediato de la deuda en el caso de un impacto económico causado por una catástrofe.
De hecho, mientras el número de personas afectadas sigue en aumento, la proporción de muertos se ha reducido en más de la mitad. La tasa de mortalidad relacionada con los desastres en la década 2005-2014 fue de 1,77 por cada 100.000 habitantes del mundo, y en la década 2012-2021 se redujo a 0,84, sin tomar en cuenta el COVID-19.
Las recomendaciones del Informe de Medio Término y las medidas que se están tomando a nivel nacional serán la base de las discusiones en la Reunión de Alto Nivel. Incluyen pruebas de que es posible lograr un mundo más seguro de aquí al 2030 si se invierte en reducción de riesgos.
La ONU ayuda en la reducción del riesgo
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ayuda los responsables de la toma de decisiones de todo el mundo a comprender mejor los riesgos y a cambiar su actitud ante ellos.
La experiencia de la agencia de la ONU y su presencia en cinco representaciones regionales se usan para construir y fomentar relaciones con los gobiernos nacionales y locales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y el sector privado.
La Oficina recopila, coteja y comparte la información y los datos técnicos de alta calidad más recientes sobre la reducción del riesgo y la creación de resiliencia de manera más eficaz. Cientos de expertos que trabajan en los grupos asesores de ciencia y tecnología de la Oficina son socios esenciales para los gobiernos y otras partes interesadas en el mundo.
El desarrollo y despliegue de sistemas de alerta temprana inclusivos y accesibles para amenazas múltiples es una parte clave de su trabajo. Dichos sistemas salvan vidas: en promedio, cuando ocurre un desastre, las tasas de mortalidad en los países que no los tienen son ocho veces más altas que en los países que los implementaron.
