La Administración de Donald Trump anunció este martes restricciones de visado contra cinco ciudadanos europeos a los que acusa de impulsar, desde gobiernos u organizaciones civiles, presiones sobre plataformas tecnológicas estadounidenses para limitar contenidos y opiniones protegidas por la legislación de Estados Unidos.
La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que los sancionados habrían participado en “esfuerzos organizados” para coaccionar a empresas estadounidenses a censurar, desmonetizar o suprimir voces con las que discrepan. Según el Departamento de Estado, esas actuaciones generan “consecuencias potencialmente adversas” para la política exterior estadounidense.
Entre los afectados figura Thierry Breton, ex comisario europeo de Mercado Interior y uno de los principales responsables del diseño y la aplicación del marco regulatorio digital de la Unión Europea. También fue incluido Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, una organización británica dedicada a combatir el discurso de odio y la desinformación en línea.
La lista completa fue confirmada posteriormente por responsables del propio Departamento de Estado e incluye además a Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, dirigentes de la ONG alemana HateAid, así como a Clare Melford, directora del Global Disinformation Index. Las autoridades estadounidenses no detallaron casos concretos ni resoluciones judiciales que sustenten las acusaciones.
Rubio enmarcó la decisión en una nueva política de visados anunciada en mayo, destinada a restringir el ingreso de extranjeros considerados responsables de promover la censura de expresiones protegidas en Estados Unidos. “Durante demasiado tiempo, ideólogos en Europa han liderado campañas para castigar puntos de vista estadounidenses”, afirmó el jefe de la diplomacia en un mensaje en la red social X.
Desde la Casa Blanca, la iniciativa es presentada como parte de una ofensiva más amplia contra lo que denomina el “complejo industrial de la censura global”, en línea con la agenda de Trump contra las políticas de diversidad, inclusión y regulación de contenidos que, según su Gobierno, vulneran la libertad de expresión.
La Comisión Europea respondió este miércoles con una condena “enérgica” a las restricciones impuestas por Washington. El Ejecutivo comunitario solicitó aclaraciones a las autoridades estadounidenses y advirtió que, “si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas”.
Bruselas subrayó que la libertad de expresión es “un derecho fundamental en Europa y un valor fundamental compartido con Estados Unidos” y reafirmó el derecho soberano de la UE a regular la actividad económica en su mercado de acuerdo con sus valores democráticos. “Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas de forma justa y sin discriminación”, aseveró la Comisión.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, afirmó que la libertad de expresión es la base de la democracia europea. “La libertad de expresión es la base de nuestra fuerte y vibrante democracia europea. Estamos orgullosos de ello. La protegeremos. Porque la CE es el guardián de nuestros valores”, dijo la mandataria europea en una publicación en su cuenta de la red social X.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó las medidas como “inaceptables entre aliados, socios y amigos”, mientras que la vicepresidenta ejecutiva encargada de política digital, Henna Virkkunen, defendió que la legislación digital de la UE fue “democráticamente decidida” y subrayó que “es esencial proteger a nuestros ciudadanos de los riesgos en línea, como el contenido terrorista y el material de abuso sexual a menores”. “Las leyes de la UE no constituyen ningún tipo de censura”, afirmó.
El vicepresidente para Industria, Stéphane Séjourné, expresó “solidaridad total” con los sancionados y destacó que Breton “ha actuado en favor del interés general europeo, fiel al mandato dado por los electores en 2019”. “Ninguna sanción acallará la soberanía de los pueblos europeos”, agregó.
Desde el Parlamento Europeo, la líder socialdemócrata Iratxe García Pérez calificó las restricciones como “inaceptables y un flagrante acto de censura”, mientras que la liberal Valérie Hayer manifestó su “profunda indignación” y recordó que la ley de servicios digitales fue adoptada democráticamente. “Ninguna presión nos hará renunciar a nuestra soberanía regulatoria”, añadió.
La decisión llega semanas después de que la Comisión Europea multara con 130 millones de euros a X, la red social propiedad de Elon Musk, por incumplir obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Servicios Digitales (DSA). En ese momento, Rubio calificó la sanción como un “ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.
El uso de la legislación migratoria, y no de sanciones económicas o disputas comerciales, marca un giro en la respuesta de Washington frente a la regulación digital europea. Funcionarios estadounidenses señalaron que la lista de personas vetadas podría ampliarse si continúan iniciativas similares desde el extranjero.
En términos prácticos, los afectados quedarán impedidos de ingresar a Estados Unidos y podrían enfrentar procedimientos de expulsión si ya se encuentran en el país. Aunque la mayoría de los ciudadanos europeos viajan bajo el programa de exención de visados, el Departamento de Seguridad Nacional puede bloquear su autorización electrónica de entrada.
La medida añade un nuevo foco de fricción entre Washington y Bruselas en un momento de relaciones ya tensionadas por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad, y anticipa un choque más profundo entre la concepción estadounidense de la libertad de expresión y el enfoque regulatorio europeo sobre desinformación y discurso de odio.
