La administración Trump anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el martes por la noche, citando el caso del tiroteo que ocurrió la semana pasada en Washington D.C. y en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma mortal. El presunto autor, un ciudadano afgano que antiguamente colaboró con un grupo antiterrorista organizado por la CIA, fue citado como detonante de la medida, según el DHS, de acuerdo a información publicada por The Washington Post.
Los países afectados por la suspensión de procesos migratorios son Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La lista se basa en una proclamación presidencial de junio que impuso restricciones parciales o totales de entrada para ciudadanos de estos países, lo que ha sido calificado por organizaciones y expertos como una prohibición de viaje casi total. El memorando de política difundido por el DHS establece que la pausa afecta a todas las personas nacidas en estos 19 países o que ostenten su ciudadanía.
El documento especifica que “todos los extranjeros que se ajusten a estos criterios deberán someterse a un proceso de revisión exhaustivo, que puede incluir una entrevista o una nueva entrevista, para evaluar todas las amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública”. Además, se deja abierta la posibilidad de revaluar casos individuales por otras razones de “inadmisibilidad o inelegibilidad”, cláusula prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que, de acuerdo con Todd Pomerleau, abogado especializado en inmigración en Rubin & Pomerleau (Boston), “permite al presidente rechazar solicitantes por motivos poco claros”.
Pomerleau señaló a The Washington Post que “esto seguramente será impugnado ante los tribunales antes de que la tinta se seque”, y criticó que la medida “permite la selección de personas por su nacionalidad, lugar de nacimiento, asociaciones y creencias religiosas”. En su opinión, la política representa una “mayor vigilancia” que recuerda a las medidas implementadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando todos los varones mayores de 16 años procedentes de 24 países de mayoría musulmana debieron registrarse ante el gobierno estadounidense, un programa que fue duramente criticado por organizaciones de derechos civiles y que se eliminó en 2011.
La decisión de pausar trámites migratorios incrementa la presión sobre el sistema, opinó Pomerleau, quien anticipa que “miles de casos verán añadido un nuevo nivel de burocracia”. “Una solicitud normal podía tardar seis meses. Ahora, dos o tres años. Y durante ese tiempo exigen repetidamente más pruebas. Parece que nunca se llega al final”.
La medida fue tomada luego de que el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi L. Noem propusieran endurecer la política migratoria tras el tiroteo en D.C., en el que el sospechoso, un varón afgano de 29 años asilado en EEUU desde abril y que trabajó con la CIA, se encuentra bajo investigación. El lunes, Noem anunció haber recomendado a Trump la instauración de “una prohibición total de viaje” a países cuyos nacionales han cometido delitos en EE.UU., aunque no aportó pruebas para justificar sus acusaciones sobre una supuesta falta de control ante solicitantes de asilo afgano por parte del gobierno de Joe Biden.
Noem comunicó la aplicación de controles más estrictos para todos los solicitantes, criterios que incluyen la revisión de cuentas en redes sociales, la verificación biométrica y de antecedentes penales en el país de origen, y órdenes de “check-in” anual ante las autoridades. Argumentó que el tiroteo reciente justifica la intensificación de estos procedimientos.
Sin embargo, especialistas como Sameer Ashar, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, mencionaron a The Washington Post que los solicitantes ya están sujetos a un proceso de selección “muy exhaustivo”. Ashar afirmó que el DHS cuenta con herramientas para investigar todos los antecedentes de aspirantes a visados o asilo y determinar si cumplen los requisitos de legalidad y buen comportamiento.
La profesora Raquel Aldana, de la Universidad de California en Davis, afirmó que aumenta la preocupación ante la ampliación de controles “nebulosos y poco definidos” y recordó que el Congreso ya estableció “una larga lista de motivos de exclusión migratoria” y que la administración Trump está sumando más causales para rechazar el ingreso de extranjeros, señaló The Washington Post.
