Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos, tras su labor investigando presuntos abusos en la guerra entre Israel y Hamas, según informaron fuentes oficiales estadounidenses.
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, anunció la decisión después de varios intentos fallidos de presionar a la ONU para destituir a Albanese de su cargo. La funcionaria, abogada de derechos humanos italiana, ha calificado como “genocidio” la campaña militar israelí en Gaza e instado a la comunidad internacional a imponer sanciones a Israel. Tanto el gobierno israelí como el estadounidense han rechazado categóricamente estas acusaciones.
Las sanciones contra Albanese incluyen el bloqueo de activos y la retirada de su visado para ingresar a Estados Unidos. Estas medidas se fundamentan en una orden ejecutiva firmada en febrero por el presidente Donald Trump, dirigida a quienes colaboren en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) referidas a Israel. Rubio afirmó este miércoles en su cuenta de la red social X: “La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”.
El jefe de la diplomacia estadounidense también la acusó de “colaborar directamente” con la CPI para la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra en Gaza. Según Rubio, Albanese queda “incapacitada” para ejercer como relatora: “Ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente”.
En las últimas semanas, Albanese instó a distintos estados a presionar a Israel para frenar sus operaciones en Gaza y publicó informes recomendando procesar a firmas internacionales supuestamente beneficiadas por la guerra, entre ellas Blackrock y Vanguard, a las que señala por lucrarse de una “economía del genocidio”.
