El caso de Elliot Duke, quien perdió su nacionalidad estadounidense tras una condena penal, ha centrado la atención en las más recientes políticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre la desnaturalización.
Las autoridades revocaron la ciudadanía del migrante británico, quien la había adquirido después de alistarse en el Ejército de Estados Unidos en 2012 y cuya condena, dictada en 2014, estuvo relacionada con delitos graves por recepción y posesión de pornografía infantil. Este caso representa una muestra de la nueva línea dura anunciada por el gobierno.
En línea con lo anterior, la administración del presidente Donald Trump y la fiscal Pam Bondiinstruyeron priorizar las acciones legales orientadas a retirar la ciudadanía estadounidense a ciertos naturalizados. El memorando dado a conocer por el fiscal general adjunto Brett Shumate va dirigido a la División Civil del DOJ y establece directrices para intensificar las investigaciones y procesos de desnaturalización.
- Presentarse a cargos públicos en el extranjero.
- Ingresar al servicio militar en un país extranjero.
- Solicitar la ciudadanía en un país extranjero con la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
- Cometer un acto de traición contra los Estados Unidos.
- Ser un ciudadano estadounidensenaturalizado que enfrenta la desnaturalización debido a la comisión de ciertos delitos.
Sobre el alcance de las nuevas directrices para el DOJ, Shumate puntualizó que la prioridad serán las personas que representen una “amenaza potencial para la seguridad nacional”, incluyendo a aquellos con nexos con el terrorismo, espionaje o la exportación ilegal de activos sensibles de EEUU.
Igualmente menciona a quienes hayan cometido delitos violentos, integrantes de pandillas y cárteles narcotraficantes, así como quienes hayan perpetrado fraudes de Medicaid y otros similares. El memorando subraya que la desnaturalización permite al gobierno “revocar la nacionalidad de individuos involucrados en crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros graves abusos de derechos humanos”. Asimismo, la herramienta busca impedir el regreso de terroristas condenados al territorio estadounidense o que viajen internacionalmente con un pasaporte validado por Estados Unidos.
