En Libia, hay motivos suficientes para decir que las fuerzas gubernamentales y los grupos armados han cometido una amplia gama de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los últimos años, advirtió este lunes la Misión Investigadora para ese país.
El último informe de ese grupo de expertos señala que las fuerzas de seguridad estatales han violado gravemente los derechos humanos de los disidentes y los migrantes más vulnerables, subrayando con alarma la impunidad de estos abusos.
La Misión dio cuenta de detenciones arbitrarias, asesinatos, tortura, violaciones, esclavitud y desapariciones forzadas como prácticas generalizadas en el país norafricano. A la lista se añadió también la esclavitud sexual contra personas migrantes.
El presidente de la Misión, Mohamed Auajjar, instó a las autoridades libias a elaborar un plan de acción de derechos humanos y una hoja de ruta integral y centrada en las víctimas.
El experto pidió, asimismo, justicia transicional y rendición de cuentas de todos los responsables de violaciones de derechos humanos.
Libia vive un conflicto armado desde que fuera derrocado Muammar al-Qaddafi en 2011, con el país dividido entre administraciones rivales y milicias enfrentadas: un Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU con sede en la capital, Trípoli; y el Ejército Nacional Libio del general Khalifa Haftar, que domina el este y el sur del país petrolero.
La Misión destacó la impunidad con que se llevan a cabo los atropellos de derechos humanos en Libia y explicó que la mayoría de las víctimas tienen mucho miedo y desconfianza en el sistema de justicia para hacer denuncias oficiales. Como resultado, las violaciones continúan.
Los expertos pidieron la creación de nuevos mecanismos de investigación y monitoreo de derechos humanos, para “apoyar los esfuerzos de reconciliación de Libia” y ayudar a las autoridades a lograr “la justicia de transición y la rendición de cuentas”.
Abusos contra migrantes
El informe detalla que de julio de 2022 a la fecha más de 670.000 migrantes de más de 41 países se encuentran en Libia. Las entrevistas con más de un centenar de ellos arrojaron pruebas abrumadoras de tortura sistemática y esclavitud sexual, entre otras violaciones.
Los centros de detención en los que se esclaviza a los migrantes están bajo el control real o nominal de las autoridades, incluida la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal y la Guardia Costera de Libia.
Los expertos indicaron que la explotación a gran escala de migrantes es un negocio lucrativo y agregaron que el tráfico, la esclavitud, el trabajo forzoso, el encarcelamiento, la extorsión y el contrabando “generaron ingresos significativos para individuos, grupos e instituciones del Estado”.
Atropellos durante las detenciones
Con respecto a los atropellos perpetrados contra las personas detenidas, la Misión sostuvo que son responsabilidad de las autoridades estatales y sus líderes.
Añade que las víctimas proceden de todos los segmentos de la sociedad libia e incluyen niños, hombres y mujeres, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, representantes de la sociedad civil, miembros de las fuerzas militares o de seguridad, profesionales del derecho e integrantes de la comunidad LGBTI.
La mayoría de las personas entrevistadas por la Misión estuvieron recluidas sin cargos en condiciones inhumanas y fueron sometidas regularmente a tortura, confinamiento solitario e incomunicación, y sin acceso a agua, alimentos y otros bienes esenciales.
La situación de las mujeres empeora
En cuanto a la situación de las mujeres en Libia, los expertos aseveraron que ha empeorado en los últimos tres años, en un contexto de debilitamiento de las instituciones del Estado y un poder creciente de los grupos armados.
El informe reporta la discriminación sistemática contra las mujeres, el aumento de la violencia doméstica -que no está castigada por ninguna ley-, y la falta de rendición de cuentas por los crímenes contra destacadas lideresas.
Fin de la Misión
La Misión Investigadora fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2020 para indagar las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes desde principios de 2016, el mandato de la Misión finaliza el 4 de abril, en un momento en que “la situación de los derechos humanos en Libia se está deteriorando, están surgiendo autoridades estatales paralelas y las reformas legislativas, ejecutivas y del sector de la seguridad necesarias para defender el estado de derecho y unificar el país están lejos de realizarse”, de acuerdo con las palabras el informe.
En este contexto, la Misión instó al Consejo de Derechos Humanos a establecer un “mecanismo de investigación internacional independiente y con recursos suficientes”, y conminó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a crear otro mecanismo “con un mandato continuo para monitorear e informar las violaciones graves de derechos humanos en Libia”.
Además, el informe exhorta a la comunidad internacional a cesar todo apoyo directo e indirecto a los actores libios involucrados en crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos de los migrantes.
La Misión también adelantó que entregará sus hallazgos con la Corte Penal Internacional, incluida una lista de “posibles perpetradores” de crímenes internacionales.