El gobierno boliviano, bajo el nuevo liderazgo del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara, ha solicitado el cese inmediato del comandante general de la Policía, Augusto Juan Russo Sandoval.
Lara fundamentó esta demanda en una inhabilitación judicial dictada en enero en el departamento de Beni, tras una denuncia interna del teniente coronel Erik Rodrigo Gálvez Cabrera, quien acusó a Russo de restringir el acceso de policías a cursos de especialización.
Esta resolución ordenaba separar a Russo del mando y remitir antecedentes tanto a la instancia disciplinaria policial como al Ministerio Público.
Edman Lara subrayó que la inejecución del fallo constitucional vulnera la normativa vigente y manifestó: “No hay respeto al Estado de derecho, el primer hombre de la Policía boliviana no cumple la ley”.
Además, recordó que la Ley 101 contempla la obligatoriedad de iniciar investigación disciplinaria ante cualquier denuncia fundada y afirmó que la omisión de una sentencia judicial constituye delito. Por tanto, reclamó el reemplazo de Russo y el inicio de procedimientos ante la Fiscalía Policial.
La reestructuración del Alto Mando Policial ya se ha comunicado al presidente Paz y se desarrolla en coordinación con el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
Lara enfatizó que la administración priorizará la transparencia y la lucha contra la corrupción, reafirmando: “Convocamos a las instituciones del Estado para que cumplan el auto constitucional”, según El Deber. El proceso de renovación estructural ya está en marcha y será monitoreado por las nuevas autoridades.
La denuncia original contra Russo motivó la presentación de un amparo constitucional a raíz de su negativa a permitir la participación de agentes en cursos y diplomados.
En definitiva, la Sala Constitucional determinó su alejamiento del cargo y la apertura de pesquisas. El gobierno busca recuperar legitimidad en la Policía Boliviana mediante la aplicación estricta de la ley y la promoción de medidas disciplinarias.
Lara, exintegrante policial expulsado tras denunciar corrupción, impulsa la transformación institucional basada en su experiencia previa y en el compromiso asumido durante la campaña.
