El Senado de Estados Unidos confirmó el lunes a Markwayne Mullin como nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de un cierre parcial del gobierno que afecta a la agencia encargada de aplicar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. La votación se resolvió con 54 votos a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, ex senador por Oklahoma, que asume en un contexto de tensión política y operativa dentro del organismo.
Mullin reemplaza a Kristi Noem, quien fue despedida a comienzos de mes tras cuestionamientos por su gestión de un operativo a gran escala contra migrantes indocumentados en Minnesota, durante el cual agentes federales mataron a dos manifestantes que eran ciudadanos estadounidenses. El nuevo funcionario enfrenta además un escenario de financiamiento interrumpido desde el 14 de febrero, debido a negociaciones entre legisladores demócratas y la Casa Blanca sobre reformas en la política migratoria.
Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Mullin planteó como objetivo reducir la exposición mediática del DHS y de su agencia más controvertida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días”, afirmó.
También señaló: “Quiero proteger la patria. Quiero llevar tranquilidad. Quiero devolver la confianza a la agencia”. Sus declaraciones se producen en un momento en que las operaciones migratorias han quedado en el centro del debate político nacional.
El nombramiento generó cuestionamientos en la oposición demócrata. El senador por Illinois, Dick Durbin, expresó dudas sobre la capacidad de Mullin para modificar las prácticas del ICE.
En un comunicado, sostuvo: “Si bien los problemas en el DHS son más grandes que cualquier persona, sigo preocupado de que el senador Mullin no controle los abusos del ICE”. Agregó: “Voté no, porque no voy a votar para instalar a otro ‘sí señor’ que habilite los peores instintos de Donald Trump”.
En paralelo, Mullin dejó abierta la posibilidad de exigir órdenes judiciales para ciertas operaciones de control migratorio, lo que implicaría un cambio respecto de la política actual y constituye una de las principales demandas de los demócratas en las negociaciones presupuestarias. El financiamiento del DHS permanece bloqueado desde mediados de febrero, lo que ha derivado en un cierre parcial que impacta en diversas áreas bajo su órbita.
Entre los sectores afectados figura laAdministración de Seguridad en el Transporte (TSA), responsable de los controles de seguridad en aeropuertos. Sus empleados trabajan sin salario desde hace semanas y más de 300 han renunciado desde el inicio del cierre, lo que provocó demoras prolongadas en distintos aeropuertos del país ante la falta de personal para inspeccionar a los pasajeros.
Ante este escenario, Trump anunció el domingo el despliegue de agentes del ICE en aeropuertos afectados por los retrasos. La medida fue confirmada por su principal asesor en materia fronteriza, Tom Homan, en declaraciones a CNN. Aunque el ICE forma parte del DHS, la agencia ha logrado mantener sus operaciones con fondos aprobados por el Congreso el año pasado, a diferencia de otras dependencias que continúan afectadas por la falta de presupuesto.
