En un giro determinante para el futuro del transporte en el noreste del país, la administración de Donald Trump ha confirmado que acatará la orden judicial para restablecer el flujo de fondos destinados al proyecto ferroviario Gateway.
Tras meses de una parálisis financiera que amenazaba con descarrilar la obra de infraestructura más importante de la región, el Departamento de Transporte liberará una partida inicial de 205 millones de dólares para cubrir facturas vencidas y nóminas de trabajadores.
El conflicto se originó en octubre de 2025, cuando la Casa Blanca ordenó la congelación de un paquete masivo de 18,000 millones de dólares bajo el argumento de que estos proyectos estaban vinculados a políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
El Ejecutivo sostiene que dichas cláusulas son inconstitucionales y discriminatorias, utilizándolas como base legal para retener financiamiento aprobado previamente por el Congreso. Esta postura marcó un precedente de confrontación directa entre el Gobierno Federal y las administraciones estatales de Nueva York y Nueva Jersey.
La intervención de la jueza federal Jeannette Vargas fue el factor decisivo en esta disputa.
En su fallo, la magistrada determinó que la retención de los fondos carecía de sustento administrativo suficiente para justificar la interrupción de contratos ya en marcha. La sentencia subrayó que la parálisis no solo afectaba el avance físico del nuevo túnel bajo el río Hudson, sino que ponía en riesgo inmediato los empleos de más de mil trabajadores sindicalizados que dependen directamente de la continuidad de los pagos federales.
Aunque los abogados del gobierno confirmaron este viernes que los fondos comenzarán a procesarse a partir del próximo martes, la tregua podría ser temporal. El Departamento de Justicia ya ha manifestado su intención de apelar la decisión ante instancias superiores, buscando un fallo que le permita condicionar el dinero federal a la eliminación total de programas de acción afirmativa en la obra pública.
