Desde el 1 de marzo rigen nuevos requisitos federales para beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York, una medida que impacta de forma directa en miles de residentes y ha encendido las alertas sobre el acceso a la asistencia alimentaria.
La fiscal general Letitia James advirtió que estos cambios podrían incrementar la inseguridad alimentaria en un contexto donde el costo de los alimentos esenciales permanece elevado y muchas familias ya enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.
La Oficina de la Fiscal General informó que, tras el vencimiento de una exención estatal que permitía criterios más flexibles, personas de entre 18 y 64 años clasificadas como Adultos sin Dependientes Aptos para el Trabajo (ABAWD, por sus siglas en inglés) deben ahora cumplir con nuevos requisitos laborales para mantener el acceso a SNAP por más de tres meses en un período de tres años.
Esta modificación responde a la aplicación estricta de normas federales que, hasta el momento, habían estado parcialmente suspendidas en el estado.
Entre los principales cambios, quienes estén sujetos a las nuevas reglas deben acreditar al menos 80 horas mensuales de actividad, ya sea mediante empleo remunerado, voluntariado o asistencia a programas de capacitación autorizados por autoridades estatales.
La fiscal James afirmó: “Estos requisitos reflejan directrices federales que buscan incentivar la inserción laboral, pero su aplicación estricta puede dejar a personas en situación vulnerable sin acceso inmediato a alimentos”.
No obstante, la normativa contempla excepciones. Quedan excluidos quienes cursen un embarazo, cuiden a dependientes que no pueden valerse por sí mismos o tengan discapacidades que limiten su capacidad de trabajar.
Además, las personas que superen un ingreso semanal de USD 217.50 pueden quedar eximidas del cumplimiento de las 80 horas mensuales, según los lineamientos federales difundidos por la oficina de la fiscal.
Quiénes deben cumplir los nuevos requisitos
El ajuste afecta principalmente a adultos sin hijos ni cargas familiares que, hasta ahora, podían acceder a SNAP bajo criterios más flexibles gracias a la exención estatal.
Con su eliminación, estos beneficiarios deberán demostrar cada mes el cumplimiento de las horas estipuladas, o bien acogerse a alguna de las exenciones previstas por la normativa federal.
Letitia James subrayó que su equipo mantiene un canal directo de comunicación con las agencias estatales competentes y organizaciones comunitarias reconocidas, para garantizar que los derechos y obligaciones bajo la nueva reglamentación sean comprendidos y difundidos de manera efectiva.
La fiscal advirtió que “el desconocimiento de los detalles puede llevar a la pérdida injusta de los beneficios para quienes dependen del SNAP para su alimentación diaria”.
La Fiscalía General aconsejó a los beneficiarios mantenerse atentos a todas las notificaciones oficiales, ya sea por correo, teléfono o medios digitales, y recomendó contactar a las oficinas locales de servicios sociales ante cualquier duda sobre su elegibilidad o para solicitar asistencia en la adaptación a los nuevos estándares.
