El Departamento de Justicia presentó el lunes una demanda en un tribunal federal que impugna el plan de los republicanos de Texas para rediseñar los distritos legislativos estatales y del Congreso en función de las nuevas cifras del censo.
La demanda alega que los nuevos mapas del estado, en violación de la Ley de Derechos Electorales, “niegan o reducen los derechos de los votantes latinos y negros a votar debido a su raza, color o pertenencia a un grupo minoritario lingüístico”, Fiscal General Merrick Garland dijo en una conferencia de prensa.
Los mapas se dibujaron con intención discriminatoria en algunos lugares, en un proceso apresurado, con un “desprecio general” por el hecho de que el crecimiento de la población de Texas fue impulsado casi en su totalidad por residentes negros e hispanos, dijo la procuradora general adjunta Vanita Gupta, hablando después de Garland. La demanda pide a la corte que impida que el estado use los nuevos mapas.
“Nuestra investigación determinó que los planes de redistribución de distritos de Texas diluirán el aumento de la fuerza de votación de las minorías que debería haberse desarrollado a partir de estos cambios demográficos significativos”, dijo Gupta.
A Texas se le asignaron dos escaños más en el Congreso después del Censo de 2020, pero no atrajo ni un solo distrito nuevo con una mayoría de votantes negros o hispanos. Los dos nuevos escaños tienen mayoría de votantes blancos, dijo Gupta.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, arremetió contra la demanda en Twitter desde la cuenta oficial de su oficina, calificándola de “absurda” y “la última táctica de la Administración Biden para controlar a los votantes de Texas”.
“Estoy seguro de que las decisiones de redistribución de distritos de nuestra legislatura serán legítimas y este intento absurdo de influir en la democracia fracasará” , escribió su oficina.
Esta es la segunda demanda que el Departamento de Justicia ha presentado este otoño contra Texas. En noviembre, el Departamento de Justicia demandó a Texas alegando que su nueva ley de votación, SB 1, dificultaba ayudar a los votantes con discapacidades o sin dominio del inglés.
A lo largo de este año, Garland ha instado al Congreso a aprobar una nueva legislación electoral, en particular para restaurar las partes de la Ley de Derechos Electorales que requerían que las jurisdicciones con un historial de discriminación aclararan los cambios electorales a través del Departamento de Justicia antes de promulgarlos. La Corte Suprema derogó esa disposición en 2013, al dictaminar que la fórmula para determinar qué jurisdicciones estaban incluidas era inconstitucional.
“Quiero instar nuevamente al Congreso a restaurar la autoridad de preautorización del Departamento de Justicia”, dijo el lunes el fiscal general. “Si esa herramienta de preautorización todavía estuviera en su lugar, probablemente no estaríamos aquí hoy para anunciar esta denuncia”.
