El Gobierno del Ecuador anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios como parte de un plan de eficiencia administrativa que, según sus voceros, busca modernizar el Estado y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, la vocería oficial no explicó por qué las evaluaciones de desempeño no fueron anunciadas previamente, ni cuál fue el criterio técnico que permitió identificar que esos servidores “obstruían” el trabajo en sus respectivas instituciones.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue la encargada de comunicar que este proceso se enmarca en una estrategia de transformación del Ejecutivo, la cual contempla tres acciones principales: la evaluación permanente de servidores públicos, la apertura de nuevas oportunidades laborales para jóvenes, y la reorganización de las carteras ministeriales.
En este contexto, se detalló que el número de ministerios pasará de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres, lo que, según el Gobierno, representa una reducción del 41 % en el tamaño del Ejecutivo.
La vocera aclaró que los 5.000 despidos no están vinculados con las evaluaciones previstas por la Ley de Integridad Pública ni con la resolución ministerial de supresión de puestos emitida por el Ministerio del Trabajo el 24 de julio de 2025. Esta resolución establece el marco legal para que las instituciones del Estado supriman cargos bajo criterios técnicos, funcionales, económicos o de optimización, con requisitos formales que incluyen informes detallados y justificaciones individualizadas por parte de las Unidades de Administración del Talento Humano, que tendrán 30 días, desde el 24 de julio, para emitir los informes correspondientes.
No obstante, en su intervención, la vocera afirmó que sí existen informes individuales sobre los funcionarios desvinculados, sin precisar si hubo un procedimiento unificado o discrecional ni por qué no se socializó previamente este proceso.
El Ejecutivo tampoco respondió cuánto le costará al Estado la liquidación e indemnización de los funcionarios cesados. La vocera aseguró que existe financiamiento previsto para cubrir estos gastos, pero enfatizó que el objetivo: “No se trata de ahorro, se trata de eficiencia”, afirmó, y descartó que esta decisión obedezca a exigencias del Fondo Monetario Internacional.
