Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos empleó una regla de salud pública, llamada Título 42, la que fue diseñada para limitar la propagación de enfermedades con el fin de expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera con México.
El Título 42 se ha utilizada en más de 2.5 millones de veces para expulsar a migrantes desde marzo de 2020, aunque ese número incluye a personas que intentaron cruzar la frontera en repetidas ocasiones.
Para cambiar esta medida, el gobierno del presidente Joe Biden pidió este martes una reforma “integral” de la política migratoria de Estados Unidos y discutir la vigencia del Título 42.
“Con el fin de reparar nuestro deficiente sistema migratorio, el Congreso debe adoptar una reforma integral de la inmigración”, dijo Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Joe Biden.
Jean-Pierre dijo en un comunicado que la Administración federal acatará la orden, pero pidió al Congreso que apruebe una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera.
“El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida”, reivindicó la portavoz.
La portavoz manifestó que el Gobierno cumplirá “por supuesto” la orden del Supremo, pero estará preparado para un eventual levantamiento de la normativa durante 2023.
De esta forma, la Corte Suprema indicó en un fallo el martes que el Título 42 se mantendrá en vigor indefinidamente y el caso será sometido a discusión nuevamente en febrero, y la medida de restricción al asilo continuará vigente hasta que los jueces tomen una decisión al respecto.
En noviembre, un juez federal había ordenado al Gobierno de Joe Biden levantar el 21 de diciembre el Título 42, pero un grupo de 19 fiscales, incluido el de Texas, elevaron el tema ante el Supremo.
Sin embargo, la Casa Blanca había advertido a los migrantes que el fin del Título 42 no supondría una política de puertas abiertas y que se seguiría expulsando a aquellos que entraran de forma irregular al país.