Una coalición de principales metrópolis estadounidenses, entre las que se encuentran Nueva York, Chicago y San Francisco, ha presentado una demanda formal contra el gobierno federal con el objetivo de bloquear la implementación de la nueva normativa de “carga pública”.
Esta regla busca denegar la residencia permanente o la emisión de visados a aquellos inmigrantes que hagan uso de ciertos beneficios sociales a los cuales tienen derecho legalmente.
La iniciativa legal en la Gran Manzana cuenta con el respaldo conjunto de la administración municipal y la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, quienes buscan frenar lo que consideran un ataque directo a las comunidades de migrantes.
Las autoridades locales han calificado la medida federal como un intento de sembrar pavor entre las familias trabajadoras para que renuncien a servicios esenciales de salud, vivienda y alimentación.
Portavoces del gobierno neoyorquino enfatizaron que la comunidad migrante representa un pilar fundamental para el desarrollo de la nación y aseguraron que recurrirán a todas las herramientas jurídicas disponibles para garantizar que estas personas puedan seguir residiendo en el país con dignidad y sin temor a represalias administrativas.
Ante la posibilidad de que la normativa entre en vigor a mediados de septiembre, las autoridades de inmigración y defensores de los derechos civiles aclaran que la regla no aplica de manera generalizada y afectará únicamente a trámites específicos.
Por ello, se exhorta a la población a no cancelar ningún beneficio social sin antes recibir orientación profesional de un abogado, recordando que existen líneas de asistencia gratuitas, confidenciales y en múltiples idiomas a través del número 311 o del servicio legal municipal, independientemente del estatus migratorio de la persona.
