La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó el miércoles su preocupación sobre reportes de niños ucranianos que han sido “deportados a la fuerza” del asediado flanco oriental del país y llevados a Rusia para su adopción.

Michelle Bachelet informó al Consejo de Derechos Humanos que su Oficina investiga las denuncias acerca de niños sacados de orfanatos en Donbás.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos “aún no puede confirmar estas alegaciones ni la cantidad de niños que se podrían encontrar en tal situación”, dijo Bachelet.

Nos preocupan los supuestos planes de las autoridades rusas para permitir el traslado de niños de Ucrania a familias en la Federación de Rusia. Estas medidas no parecen incluir políticas para la reunificación familiar ni contemplar los mejores intereses de los niños”, explicó.

Atención institucional

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en los orfanatos, internados y otras instituciones para jóvenes de Ucrania había más de 91.000 niños antes de la invasión rusa del 24 de febrero.

En un comunicado, la agencia de la ONU notificó que estaba al tanto de los informes que mencionan que Rusia “podría estar modificando la legislación existente para facilitar la adopción rápida” de huérfanos en el Donbás.

“UNICEF cree que la adopción nunca debe ocurrir durante o inmediatamente después de las emergenciasNo se puede asumir que los niños separados de sus padres durante una emergencia humanitaria sean huérfanos. Deben darse todas las oportunidades para la reunificación familiar”, indicó la agencia de la ONU.

Una niña de un orfanato es sometida a un examen médico en un refugio situado en un sanatorio de Vorokhta, al oeste de Ucrania.

Niños desaparecidos

El miércoles, en una conferencia de prensa en Kyiv, la Comisión de Investigación sobre Ucrania, creada a petición de los Estados miembros en marzo por el Consejo de Derechos Humanos, dijo que los testimonios que había recibido indicaban que “hay un número significativo de niños desaparecidos en territorios ocupados temporalmente, en particular niños de instituciones”.

Por el momento, “no hay pruebas claras” sobre la cantidad de jóvenes desaparecidos de los centros estatales, y es muy difícil confirmar los informes que reportan que los niños han sido llevados a Rusia y se les ha otorgado la ciudadanía, dijo Jasminka Dzumhur, una de las tres investigadoras que componen el panel.

En una conferencia de prensa programada en la capital ucraniana para marcar la primera visita de los investigadores al país, el presidente de la Comisión de investigación, Erik Mose, indicó que el panel había viajado a Bucha, Irpin, Járkov y Sumy, lugares de presuntos crímenes de guerra.

Testimonio doloroso

“En Bucha e Irpin, la Comisión recibió información sobre asesinatos arbitrarios de civiles, destrucción y saqueo de propiedades, así como ataques a la infraestructura civil, incluidas las escuelas”, dijo Mose.

“En la región de Járkov y Sumy, la Comisión observó la destrucción de grandes áreas urbanas, supuestamente como consecuencia de bombardeos aéreos o ataques con misiles contra objetivos civiles”.

De conformidad con su mandato, la Comisión también escuchó testimonios de desplazados internos, incluidos los del este de Ucrania y continuará tomando y examinando otros relatos.

Estos testimonios incluyeron “historias de destrucción de propiedad civil, saqueos, confinamiento, maltrato y desaparición de civiles, así como informes sobre violaciones y otras formas de abuso sexual”, dijo Dzumhur.

Al describir los diez días de trabajo del panel como “productivos”, Mose señaló que las personas habían compartido sus “historias dolorosas” que, de confirmarse, “pueden respaldar las afirmaciones de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tal vez llegando a constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en esas áreas”.

En las próximas semanas y meses, la Comisión visitará otras áreas de Ucrania antes de presentar información actualizada al Consejo de Derechos Humanos en septiembre.