Tras advertir que el sistema penitenciario en Nueva York se excede en promover medidas punitivas y castigos interminables para quienes son enviados a la cárcel, antes que buscar su resocialización y el apoyo que necesitan para regresar a sus comunidades, este lunes hubo un llamado en Albany para que la Legislatura apruebe un paquete de leyes que buscarexcarcelar a reclusos que no representan una amenaza para la sociedad.
El llamado fue hecho en medio de la Jornada de Concientización para Poner Fin al Encarcelamiento Masivo, donde líderes políticos, defensores de los internos y familiares de presos de Nueva York se reunieron en la sede de la Legislatura estatal para exigir medidas urgentes que acaben lo que describen como “una crisis de racismo, brutalidad y tortura” en las cárceles. El clamor es que se de luz verde a un paquete legislativo que garantice “la reinserción justa de los reclusos y el fin del abuso en las cárceles”.
La senadora Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas del Crimen, Delincuencia y Correccionales, recordó las muertes de los reclusos Robert Brooks y Messiah Nantwi por parte de guardias penitenciarios, y dijo que ante“la violencia racista” ejercida por los guardias en el sistema penitenciario es hora de echar a andar varias soluciones urgentes. La legisladora destacó que urge acabar con el castigo interminable.
“Existe una crisis grave y de larga data de racismo, brutalidad y tortura en el sistema penitenciario del estado de Nueva York. Y como demostró mi informe reciente, necesitamos una reforma integral para acabar con el encarcelamiento masivo, reunir a las familias y garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos”, dijo la política de origen colombiano.
“Exigimos una serie de medidas legislativas que creen vías justas de reinserción social y transformen las condiciones tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal penitenciario. Nuestro estado merece un sistema de justicia que brinde seguridad y sanación, no violencia y desesperación”, agregó Salazar.
Nick Encalada-Malinowski, director de la campaña de derechos civiles de la organización VOCAL-NY, hizo un llamado a los defensores de los internos para que exijan a los líderes estatales que le metan soluciones a la crisis penitenciaria, a través de mecanismos para la liberación de reclusos y transformación real de las condiciones en las cárceles.
“En el año y medio transcurrido desde el brutal asesinato de Robert Brooks a manos de guardias, un hecho que quedó grabado en video, solo hemos visto cambios insuficientes que no resuelven los problemas sistémicos de larga data. Tenemos las soluciones, pero aún no hemos visto la voluntad política de quienes tienen el poder para implementar estos cambios”, dijo el defensor.
José Saldaña, director de la Campaña para la Liberación de Personas Mayores en Prisión (RAPP), quien estuvo 38 años en prisión, insisitió en que cientos de miles de neoyorquinos se ven afectados por la crisis humanitaria en las cárceles estatales, donde pulula el racismo y la brutalidad endémica, lo que requiere acciones inmediatas.
“Esta es una crisis de salud pública deliberadamente creada que afecta a familias negras, latinas y de clase trabajadora, generando pobreza y trauma intergeneracionales que, en última instancia, hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo el exinterno. “Existen soluciones claras para poner fin a esta crisis multifacética. Los legisladores deben crear vías justas y seguras para que las personas encarceladas regresen a casa y transformar las condiciones dentro de las prisiones”.
La senadora Lea Webb afirmó que es necesario no bajar la guardia en la presión a Albany para que se exija la aprobación de leyes que reformen y mejoren el sistema de justicia y el sistema penitenciario, donde se responsabilice a quienes cometen abusos.
“Reformar nuestro sistema de justicia implica una rendición de cuentas integral, apoyar la rehabilitación, proteger y fortalecer a nuestras familias”, dijo la legisladora. “Estas medidas crearían condiciones más seguras dentro de los centros penitenciarios, a la vez que brindarían oportunidades para que las personas privadas de libertad se rehabiliten, regresen con sus familias y promuevan la justicia en nuestras comunidades”.
