La experta independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa en el goce de los derechos humanos*, Attiya Waris, visitó Argentina para evaluar cómo pueden contribuir la recaudación y redistribución de recursos fiscales a la legitimidad fiscal y la realización progresiva de las garantías fundamentales, con un enfoque de inclusión y protección de la diversidad de la población, así como de protección de los grupos más marginados y vulnerables.

Waris destacó la capacidad de resistencia que ha mostrado el país sudamericano a lo largo de las últimas cuatro décadas a una situación de deuda crónica sin dejar de avanzar en los procesos democráticos, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los servicios sociales.

“A pesar de ser una gran responsabilidad, el Estado argentino debe ser elogiado por respetar la deuda pasada, y no sólo debe utilizar los recursos existentes para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos, sino también generar recursos potenciales de manera sostenible, cuando los primeros no sean suficientes. Los servicios sociales tienen una larga tradición en el país y han sido respetados por los sucesivos gobiernos. Asumir la deuda externa de buena fe a nivel federal y provincial, podría verse como una forma de movilizar recursos y mantener una economía que permita la realización progresiva de los derechos humanos”, apuntó la experta en sus observaciones preliminares.

Sin embargo, consideró que el ciclo de endeudamiento público que ha asumido el país no ha redundado en un aumento de la inversión en derechos humanos ni en la recuperación de medios de subsistencia, aunque haya sido útil para mantener la estabilidad económica.

Endeudamiento para pagar deuda

Explicó que la deuda actual se ha tomado para pagar deuda anterior, y que los fondos entran y salen del tesoro, prolongando el periodo de pago sin generar beneficios para la gente.

“Los recargos que Argentina ha tenido que pagar en relación con la deuda pública internacional han duplicado con creces el costo de los acuerdos, agotando así los recursos del país que podrían utilizarse para apoyar las políticas públicas y los programas destinados a proteger y promover los derechos humanos”, dijo.

En este sentido, instó a Argentina a maximizar sus recursos para defender el terreno ganado en materia de derechos humanos y prevenir cualquier retroceso.

“Argentina cuenta con abundantes recursos humanos y naturales, y si son bien dirigidos deberían ayudar al Estado a recorrer un largo camino en la realización de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través del pluralismo y la inclusión”, declaró Waris.

Al término de su visita de diez días, la experta subrayó que es clave reconstruir la confianza de la gente en las instituciones argentinas y los recursos de la nación.

El Estado debe liderar ajustando políticas públicas que conduzcan hacia la realización de los derechos humanos de toda la población”, insistió.

Alto nivel de pobreza

La experta manifestó preocupación por la disminución del nivel de vida de los argentinos durante los últimos cinco años y especificó que entre 2017 y 2020 la población viviendo por debajo de la línea de pobreza superaba el 40% y que de ese universo el 50,9% son niños menores de 14 años. Además, el 20% más rico de la población acumula la mitad de los ingresos totales.

“La situación se deteriora día a día debido a las desmesuradas tasas de inflación, la puesta en marcha de grandes proyectos, la práctica de múltiples tipos de cambio y un sistema fiscal regresivo, basado en gran medida en el IVA, que afecta especialmente a las personas que viven bajo la línea de la pobreza, entre ellas las comunidades indígenas”, advirtió.

A esto se añaden los constantes recortes presupuestales a los programas de educación y vivienda y la ausencia de un apoyo estructurado a las comunidades indígenas.

En cuanto a la igualdad de género, Waris indicó que pese a que las autoridades se esfuerzan en esa dirección, persisten la brecha salarial de género y la disparidad de participación de las mujeres en el mercado laboral, al igual que en las instituciones del Estado.

Rendición de cuentas por adquisición de deuda pública

Por otra parte, deploró la impunidad con respecto al endeudamiento público y sostuvo que los responsables de asumir una deuda insostenible tendrían que rendir cuentas.

Waris se pronunció asimismo en favor de la repatriación de los activos del Estado y sostuvo que los proyectos para generar ingresos y pagar la deuda deberían contar con el consentimiento informado y participativo del pueblo.

La experta abogó también por establecer un mecanismo de búsqueda de la verdad para investigar la historia de la deuda del país y divulgar los resultados entre la población.

El problema de la deuda de Argentina se remonta a los tiempos de la dictadura, a través de varias administraciones diferentes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado por ofrecer reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, es sorprendente que no se haya establecido un proceso similar de búsqueda de la verdad para tratar la historia de la deuda del país”, puntualizó Waris.

La experta presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe con sus conclusiones y recomendaciones en marzo de 2023.