En lo que constituye una de las intervenciones conjuntas más extensas de los últimos años contra los delitos financieros en el sector salud, múltiples agencias de ley locales, estatales y federales ejecutaron este miércoles decenas de allanamientos simultáneos en centros de atención para adultos distribuidos a lo largo del estado y la ciudad de Nueva York.
El operativo interagencial, encabezado por agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York y la división de Investigación Criminal del IRS, contó además con el respaldo logístico del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Las acciones tácticas se concentraron principalmente en establecimientos de cuidado diurno para adultos mayores (social adult day care centers) ubicados en los condados de Brooklyn, Queens y Staten Island, así como en dependencias corporativas vinculadas a su gestión.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, las intervenciones responden a una pesquisa integral por presuntas esquemas sistemáticos de fraude masivo al programa Medicaid.
Entre las conductas ilícitas investigadas destacan la facturación de servicios jamás prestados a los beneficiarios, el pago de comisiones ilegales (kickbacks) a pacientes para reclutarlos activamente y maniobras complejas de blanqueo de capitales a través de empresas fantasma y cuentas bancarias corporativas.
Durante los registros, los equipos federales y estatales incautaron un volumen sustancial de material probatorio, que incluye registros contables, servidores, dispositivos electrónicos y documentación financiera detallada.
Asimismo, las autoridades procedieron con la ejecución de varias órdenes de arresto contra administradores y propietarios de estos centros, marcando la primera fase operativa de una causa penal que se anticipa de gran escala.
Voceros del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirmaron que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas imputaciones o clausuras de establecimientos en los próximos días, mientras los analistas forenses revisan la información decomisada para determinar el alcance financiero total del presunto desfalco a los fondos públicos.
