Luego de concertar con la comunidad y cumplir con los criterios de voluntariedad, seguridad y dignidad, la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá cumplieron con éxito el retorno de 79 familias embera que se encontraban en el parque La Florida de la capital del país.

Julio Nayazá, gobernador del Resguardo Unificado en el territorio, dijo sobre la jornada: “lo más importante es lograr las condiciones necesarias para que estas familias permanezcan en los resguardos. Queremos que ellos trabajen en el campo con proyectos y que recuperen nuestras tradiciones, que no tengan que volver a la ciudad”.

Tras un viaje de casi 12 horas en bus hasta Dokabú, varias de las familias emprendieron a lomo de mula el recorrido de su tramo final hasta los resguardos chocoanos, otros con los recursos entregados por la Unidad alquilaron jeeps o motocarros para llegar por fin a casa, con los enseres traídos desde la capital.

“Mi familia estaba muy aburrida en Bogotá, aguantando frío y hambre, por eso me tocó ir por ellos y acompañarlos. Lo que nosotros pedimos es condiciones dignas para poder vivir con tranquilidad en los territorios”, comentó José Sintúa, líder comunitario en Pueblo Rico.

De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Retornos y Reubicaciones de la Unidad, en total fueron 79 las familias que retornaron (207 personas). De ellas, 58 tuvieron como destino Bagadó (Chocó), mientras que nueve más llegaron a Carmen de Atrato (Chocó) y los 12 restantes a Pueblo Rico (Risaralda).

“Les seguimos cumpliendo a estas familias que se encontraban en difíciles condiciones en Bogotá. Les entregamos por parte de la Unidad kit de habitabilidad, ayuda humanitaria inmediata, apoyo a la sostenibilidad y auxilio de transporte de enseres hasta su destino final, seguiremos en proceso de concertación para que todos los indígenas regresen a sus territorios ancestrales con garantías”, dijo Ramón Rodríguez, director general de la Unidad.

Por su parte Jonathan Forero, coordinador de Retornos y Reubicaciones, anotó que el proceso también está acompañado por las administraciones municipales de Bagadó, Carmen de Atrato y Pueblo Rico, las gobernaciones de Risaralda y Chocó, DPS, ICBF y SENA, todos encaminados a estabilizar esta población en el territorio para garantizar la sostenibilidad del retorno.

Algunas de estas familias permanecieron por más de un año en la capital del país, atravesando complicadas circunstancias socioeconómicas, muchos vivían de las artesanías y de las ayudas que les brindaron diferentes entes oficiales.

Cabe recordar que, durante diciembre de 2021, hubo una primera fase de retorno con 150 familias y posteriormente, una segunda de 113 hacia los mismos territorios en Risaralda y Chocó.

“Estamos comprometidos con la comunidad indígena y vamos a estar atentos desde nuestro territorio para lograr que las familias permanezcan en sus resguardos; somos garantes de sus derechos y por ello estamos trabajando en equipo con otras entidades para que ellos tengan acceso a viviendas dignas, salud y educación”, concluyó Laura Moreno, directora territorial de la Unidad.