La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán ha publicado este lunes un nuevo informe en el que afirma haber documentado una serie de castigos corporales, incluyendo latigazos o flagelaciones, lapidaciones, obligar a la gente a permanecer de pie en agua fría y afeitarse la cabeza a la fuerza, las cuales han sido llevadas a cabo por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021 tras desalojar al Gobierno elegido democráticamente.
Según el informe, en la actualidad el sistema jurídico afgano no salvaguarda las garantías mínimas de un juicio justo y del debido proceso y los abogados defensores denuncian dificultades para reunirse con sus clientes, acceder a los lugares de detención y ser marginados en los procesos judiciales.
La Misión advirtió además de que la negativa de los talibanes a conceder licencias a las abogadas defensoras y la exclusión de las juezas del sistema judicial están repercutiendo en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia.
Violación del derecho internacional
El documento denuncia que sólo en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños han sido azotados públicamente.
“El castigo corporal es unaviolación de la Convención contra la Tortura y debe cesar“, declaró la jefa de derechos humanos de la Misión, subrayando que las Naciones Unidas se oponen firmemente a la pena de muerte.
Fiona Frazer hizo también un llamamiento a las autoridades de facto para que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones.
Según el informe, el castigo corporal se ha definido como “toda condena en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea”.
En el documento se explica que el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales han declarado que los castigos corporales constituyen una forma de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en contravención de las normas internacionales de derechos humanos, y han pedido su abolición.
Además, también han rechazado la ley religiosa como justificación para la aplicación de castigos corporales, insistiendo que “los Estados que aplican el derecho religioso están obligados a hacerlo de manera que se evite la aplicación en la práctica de castigos corporales que causen dolor”.
Condenas de 100 latigazos
Sólo entre el 15 de agosto de 2021 y el 12 de noviembre de 2022, la Misión documentó al menos 18 casos de castigos corporales judiciales llevados a cabo por tribunales provinciales, de distrito y de apelación de facto.
“Dentro de los 18 casos documentados, 33 hombres y 22 mujeres fueron castigados, incluidas dos niñas. La gran mayoría de los castigos, tanto para hombres como para mujeres, estaban relacionados con el adulterio o la huida del hogar y todas las mujeres y niñas que recibieron una sanción, según los informes, fueron condenadas por tales delitos”.
En general, los castigos consistían en entre 30 y 39 latigazos para cada condenado. Sin embargo, “en algunos casos, las personas recibieron hasta 80 o 100 latigazos” .
El informe añade que el castigo corporal, además de constituir una violación del derecho internacional de los derechos humanos, puede infligir graves daños físicos y mentales a quienes lo padecen.
“La situación política y la crisis humanitaria a las que se enfrenta Afganistán han provocado una disminución de la financiación de los servicios de apoyo médico y psicosocial, lo que significa que las personas que sufren daños como consecuencia del castigo corporal tienen menos probabilidades de acceder a los servicios”, concluye.
