“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu de la reserva indígena de Provincial contra la contaminación de la mina El Cerrejón y contra la COVID-19”, manifestó David Boyd, quien especificó que durante la pandemia deberían suspenderse las operaciones en el sitio de Tajo Patilla, cerca de la reserva indígena.

Boyd explicó que el hecho de respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable debido a las actividades mineras incrementa el riesgo de enfermedades para estas personas y que durante la pandemia del coronavirus esta situación puede convertirse en una amenaza mortal.

“La ciencia es clara: las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire -como la de los alrededores de la mina El Cerrejón-, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19”, dijo.

Pese a una resolución judicial emitida el pasado mes de diciembre donde se ordenaba a las autoridades colombianas y a los dueños de la mina mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, el experto indicó que no se tomaron las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad Wayúu en el resguardo indígena de Provincial.

La sentencia dispuso “que la empresa había perjudicado la salud de los residentes de la reserva indígena de Provincial al contaminar el aire, el agua y la vegetación, así como por el ruido y las vibraciones de la minería”.

Graves riesgos sanitarios para la comunidad Wayúu

Debido a la constante actividad minera las 24 horas del día durante toda la semana, y al uso de máquinas pesadas y explosivos, las personas que viven en las cercanías del yacimiento padecen diversas molestias como dolores de cabeza, trastornos respiratorios, tos seca, ardor en los ojos y visión borrosa. Las explosiones provocan temblores en las casas y lanzan partículas de carbón al aire, al agua y al terreno. 

La compañía también provoca la contaminación de los recursos acuíferos no sólo al desviar y usar un gran número de arroyos y afluentes, sino también al verter agua contaminada con metales pesados y productos químicos.

En respuesta a esta situación, la empresa transportó agua a los residentes en camiones cisterna. Sin embargo, Boyd indicó que la contaminación acuífera impidió que las comunidades tuvieran acceso a agua limpia desde el inicio. “Esto ha hecho que la comunidad Wayúu dependa en mayor medida de fuentes alternativas de agua, lo que la deja más expuesta al riesgo de COVID-19”, recalcó.

“Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, deteniendo la minería cerca de la reserva Provincial hasta que pueda realizarse de forma segura”, concluyó el relator especial.

La empresa minera Cerrejón funciona de manera independiente y pertenece en partes iguales a las filiales de las empresas mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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