El 4 de marzo pasado, el gobierno de Argentina abolió el Decreto de Necesidad y Urgencia, promulgado en enero de 2017 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri, que permitía la expulsión acelerada de migrantes sin que se llevara a cabo el debido proceso.

El Comité de la ONU de los Trabajadores Migratorios, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura encomiaron la derogación y recordaron en un comunicado divulgado este miércoles que se trataba de una disposición muy criticada por violar el derecho a la unidad familiar, el principio del interés superior de los niños y adolescentes y el principio de no devolución.

Ese decreto estipulaba la detención obligatoria y la deportación sumaria para los migrantes que se encontraran en Argentina sin haber cumplido con los procedimientos migratorios de la ley y para los migrantes que hubieran cometido cualquier delito, así fuera menor. La provisión también se aplicaba en los casos den la sentencia aún no se hubiera determinado.

Además, reducía a tres días hábiles el plazo para impugnar una decisión de expulsión y ofrecía un acceso muy limitado a la asistencia jurídica gratuita para que la persona en cuestión pudiese ampararse frente a esa decisión.

Múltiples críticas

Los tres comités de la ONU expresaron en repetidas ocasiones una gran preocupación por la promulgación e implementación del y recomendaron su derogación.

“El decreto violaba el principio del debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa de los migrantes. Tenía escasa o ninguna consideración por los vínculos familiares y el interés superior del niño, niña y adolescente. Tampoco ofrecía el tiempo suficiente para que Argentina examinara el posible riesgo de tortura al que se enfrentaba la persona deportada en el país al que se le enviaba” afirmaron los expertos de los comités.

A las críticas de la ONU se unieron las de muchas agencias nacionales e internacionales defensoras de las garantías fundamentales y en diciembre pasado el principal reclamo de esos organismos en Argentina durante la celebración del Día de los Derechos Humanos fue precisamente la derogación de ese decreto.

Según el Comité de los Trabajadores Migratorios, el número de deportaciones se duplicó desde que el decreto cobró vigencia y al menos 125 casos de expulsión habían sido impugnados porque habrían vulnerado el derecho a la unidad familiar.

El grupo explicó que la mayoría de los casos estaban relacionados con madres o abuelas que fueron separadas de sus hijos pequeños dependientes o que cuidaban de sus nietos.  Los casos de madres solteras, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica, ascendieron a 32.

Revisar las violaciones a la unidad familiar

Los comités solicitaron a las autoridades argentinas que revisen los casos en los que se haya violado el principio de unidad familiar al deportar a las personas y que revoquen las órdenes de expulsión y prohibición de entrada al país con el fin de permitir la reunificación de las familias separadas.

Los expertos consideraron que la decisión de anular el decreto es correcta no sólo porque evita más daños a los migrantes y sus familias sino porque realinea las política migratorias del país con los estándares internacionales de derechos humanos.

Para concluir, los comités instaron a Argentina y a todos los Estados parte de las convenciones que supervisan a respetar los derechos humanos de los migrantes, como lo marcan las leyes internacionales.

El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) es el órgano de 14 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares por parte de los Estados Partes.

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