El representante del Secretario General en Colombia ha solicitado a las autoridades del país que garanticen los derechos de los excombatientes que se presentan a las próximas elecciones, así como que se desmantelen los grupos ilegales que están opuestos a un proceso de paz que ven como una amenaza a sus intereses ilícitos.

“Como votantes, miembros de un partido, titulares de cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y mujeres que dejaron las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana, aseguró Carlos Ruiz Massieu en su intervención trimestral ante el Consejo de Seguridad para evaluar los avances en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Por ese motivo, hizo un llamamiento a las autoridades de Colombia para que garantice los derechos políticos y la protección de los excombatientes, “especialmente a la luz de la inseguridad y la estigmatización persistentes”.

En marzo, los colombianos votarán por un Congreso que incluirá por primera vez representantes de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, una “oportunidad histórica”, que debe “ser protegida”.

“Debemos permanecer vigilantes y centrados en las amenazas que siguen enfrentando los excombatientes. Aunque reconozco que se ha reducido el número de asesinatos en comparación con el año anterior, cada muerte es un golpe para la paz y es necesario hacer todo lo posible para proteger a cada uno de ellos”, afirmó.

Un excombatiente de las FARC-Ep cultiva ajís en Antioquia, Colombia.

Reforzar la presencia del Estado

Después, explicó que más allá de la seguridad personal de los excombatientes es necesario “asegurar las zonas afectadas por el conflicto, donde los actores armados ilegales siguen aprovechando la limitada presencia del Estado en algunas partes del país”.

De acuerdo con el representante especial, las acciones de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales continúan sintiéndose en diferentes regiones, especialmente en aquellas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz.

Como ejemplo de esas amenazas y de la falta de la presencia del Estado, Massieu citó el reciente traslado de la antigua zona territorial de entrenamiento y reinserción de La Macarena, así como la situación de seguridad en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, que se agravó sensiblemente como producto de acciones del Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC-EP, afectando a las comunidades locales y a los excombatientes que residen en la zona.

Entre ayer y hoy se registraron dos nuevos hechos violentos. Un carro bomba en Arauca y un ataque contra una patrulla militar en Antioquia.

Condeno una vez más las acciones de actores armados ilegales en contra de las comunidades, las instituciones civiles y la fuerza pública, y renuevo el llamado a que respeten los principios humanitarios. Hechos como el reciente asesinato de Breiner Cucuñame, un menor indígena ambientalista miembro de la guardia indígena del Cauca, deben llamar a actuar colectivamente para detener esta violencia sinsentido”, aseguró.

Ruiz Massieu explicó que las iniciativas emprendidas por los excombatientes y las comunidades anfitrionas están siendo blanco de los actores armados ilegales porque “ven la implementación del Acuerdo como una amenaza a sus intereses ilícitos”.

Fue entonces cuando expuso que estos casos son una muestra “de la urgencia de fortalecer la presencia integral del Estado”, antes de añadir: “Es imprescindible la aprobación e implementación de la tan esperada política de desmantelamiento de los grupos ilegales”.

Pese a ello, destacó que, durante los últimos cinco años, la reintegración socioeconómica de los más de 13.000 excombatientes acreditados ha avanzado a través de un sinfín de iniciativas.

Por ello, consideró “necesario acelerar el acceso a la tierra y a la vivienda para que sus esfuerzos puedan prosperar, incluyendo su trabajo conjunto con las comunidades de acogida, tan importante para la reconciliación a largo plazo”.

Testimonio de una víctima

El Consejo de Seguridad pudo escuchar también el testimonio de una víctima, Luz Marina Giraldo, excombatiente de las FARC-EP que firmó el acuerdo de paz en 2016 y cuyo esposo, también excombatiente del mismo grupo, fue asesinado en 2019.

Giraldo dijo hablar en nombre de todas las viudas que ha dejado el proceso de paz, así como de los niños de la paz que han perdido a sus padres y de todas las víctimas “de una guerra que no terminó”.

Según datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia más de 300 excombatientes han sido asesinados después de la firma de los Acuerdos de Paz.

“La implementación de lo acordado supone un indestructible compromiso de todos por la igualdad y la protección del pluralismo que garantice sin ninguna discriminación y de forma real y efectiva la adopción de medidas positivas en favor de los grupos discriminados o marginados (…) Precisamente, es la estigmatización, la polarización y la discriminación social las que han impedido el cumplimiento de esos fines del Estado social de derecho, han impedido que nuestros niños y jóvenes tengan acceso eficiente a unos servicios públicos, como la educación superior, el acceso a los sistemas de salud, al sistema de seguridad social integral, e inclusive al sistema financiero y laboral, pese a que en el marco de este gran acuerdo se consagraron como principios fundamentes, la igualdad, el perdón y la reconciliación”, afirmó.

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