“Consultados los ministerios competentes, el presidente decidió vetar algunos dispositivos para garantizar la adecuada integración entre las necesidades productivas, el cuidado de la salud y el equilibrio ambiental”, dijo el Palacio presidencial del Planalto en una nota.
Lula decidió vetar 14 tramos de una decena de artículos de la ley que facilita la aprobación de nuevos agrotóxicos en el país y buscaba otorgar mayores poderes de decisión al ministerio de Agricultura. Luego de más de dos décadas de controversias, el texto fue aprobado en el Senado el 28 de noviembre, con un solo voto en contra.
El agronegocio, uno de los principales motores de la economía brasileña, tiene en el uso intensivo de pesticidas uno de sus pilares. Brasil consumió 719.507 toneladas de pesticidas en 2021, el 20 % del total comercializado en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con el veto del jueves, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ibama, principal agencia ambiental, continuarán ejerciendo un papel decisivo en el escrutinio de los agrotóxicos, previo a su liberación, potestad que quedaba reservada a Agricultura bajo la ley.
En la agenda de Diputados desde 1999, el proyecto había sido actualizado en 2022 por los legisladores de la bancada ruralista —la más poderosa en el Congreso—, con el apoyo del entonces mandatario brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), ferviente defensor del agronegocio.
“Lo que valdrá ahora es un análisis de riesgos, sin explicar quién hará eso y de qué forma”, le dijo a la AFP Suely Araujo, expresidenta de la Agencia Brasileña de Protección Ambiental (Ibama). Además, con la nueva ley, los pesticidas destinados exclusivamente para exportación podrán ser fabricados en el país sin precisar autorización.
Maciel Silva, representante de la Confederación nacional de agricultura y pecuaria, afirmó previamente, luego de la aprobación en el Congreso, que la ley “resuelve el problema de la pesada burocracia y las grandes demoras” en la aprobación de pesticidas y permite acceder más rápidamente a productos “más modernos y más eficientes”.
