La escalada de violencia en Myanmar, que incluye ataques contra civiles, debe detenerse para evitar una mayor pérdida de vidas y una agudización de la emergencia humanitaria cada vez más grave que vive el país, dijo el viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet se refirió a los informes del aumento de la presencia militar en varias partes del territorio de Myanmar, como el estado de Kayah, en el este del país, donde más de 108.000 personas han huido de sus hogares en las últimas tres semanas, igual que en el estado occidental de Chin.

Esto transgrede los compromisos asumidos en abril por los líderes militares birmanos con las potencias regionales de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) de poner fin a la brutal violencia contra la población civil que se comete desde el golpe del 1 de febrero.

“Los choques armados y otros tipos de violencia se están intensificando en muchas partes de Myanmar, incluidos los estados de Kayah, Chin y Kachin, y la violencia es particularmente intensa en zonas con importantes grupos minoritarios étnicos y religiosos”, señaló Bachelet en un comunicado.

Atrocidades contra los civiles

Agregó que las fuerzas de seguridad del Estado siguen utilizando armamento pesado y realizando ataques aéreos contra grupos armados y contra civiles e infraestructura civil, como las iglesias cristianas.

La Alta Comisionada citó informes creíbles de que las fuerzas de seguridad han utilizado a civiles como escudos humanos y han bombardeado casas e iglesias en Loikaw, Phekon y Demoso, en el estado de Kayah.

Bachelet instó a proteger los hospitales, escuelas y lugares de culto en todo el país, luego de que varias de esas instalaciones fueran ocupadas por fuerzas de seguridad del Estado, o resultaran dañadas por acciones militares.

Los soldados también bloquearon el acceso humanitario y atacaron a los trabajadores de socorro, indicó Bachelet

Asimismo, detalló que la población desplazada en el estado de Kayah se encuentra ahora en áreas forestales donde precisa asistencia humanitaria.

Advirtió también que han continuado las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y opositores al gobierno militar.

Al menos 4804 personas permanecen detenidas sin causa aparente y hay denuncias de tortura y castigo colectivo de los familiares de activistas.

En este renglón, Bachelet se refirió al caso de la madre de un activista que fue condenada el 28 mayo a tres años de prisión, en lugar de su hijo.

Los militares, responsables de la catástrofe

“En poco más de cuatro meses, Myanmar ha pasado de ser una democracia frágil a una catástrofe de derechos humanos. Además de la pérdida de vidas, las personas están sufriendo graves impactos en sus derechos sociales y económicos. El liderazgo militar es el único responsable de esta crisis y debe rendir cuentas ”, puntualizó la Alta Comisionada.

Desde la toma del poder militar, las fuerzas de seguridad han matado a un mínimo de 860 personas, principalmente en el contexto de protestas, señaló la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de Bachelet, Ravina Shamdasani, destacó que, por si fuera poco, más de un centenar de agrupaciones autodenominadas “fuerzas de defensa del pueblo” y otros grupos armados de oposición operan en todo el país, aunque hay “poco mando centralizado”.

Bachelet pidió intensificar la diplomacia regional, sobre todo por parte de la ASEAN, e insistió en la necesidad imperiosa del cese inmediato de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

“Se precisa con urgencia el diálogo con el Gobierno de Unidad Nacional y las partes interesadas de la sociedad civil”, sostuvo.

La Alta Comisionada informará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Myanmar el próximo 7 de julio.

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